El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva prescindió ayer martes de 40 militares que trabajaban en la administración de la residencia presidencial, en un momento de desconfianza entre el mandatario brasileño y las Fuerzas Armadas por el asalto a los poderes perpetrado por bolsonaristas radicales el pasado 8 de enero.
La decisión fue tomada por el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, que despidió a 40 militares que formaban parte de la Coordinación de Administración del Palacio de la Alvorada, la residencia del jefe de Estado, en Brasilia, según publicó ayer el Diario Oficial.
Lula asumió el poder el 1 de enero, pero aún no se ha trasladado a la Alvorada, que está pasando por una serie de pericias después de cuatros años siendo el hogar del expresidente Jair Bolsonaro, quien cayó derrotado ante el líder izquierdista en las elecciones de octubre.
El cambio de personal se produce además después de un reportaje en el que la primera dama de Brasil, Rosângela “Janja” da Silva, abriera las puertas del palacio para mostrar diversos desperfectos que atribuyó al periodo en que Bolsonaro ocupó la residencia.
La esposa de Lula mostró a las cámaras de GloboNews muebles dañados, alfombras rasgadas, sofás sucios y parte del piso roto, entre otros percances de los que responsabilizó a la familia Bolsonaro. En aquella ocasión, indicó que ella y su marido solo se mudarán a la Alvorada cuando se realice un “inventario completo de lo que hay dentro” y de las condiciones en que lo recibieron.
Por otro lado, la decisión de prescindir de esos 40 militares llega en medio de las dudas planteadas por Lula sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en el intento de golpe de Estado del 8 de enero.
Ese día, una multitud de partidarios del expresidente invadió y causó graves daños en las sedes de la Presidencia (Palacio de Planalto), el Congreso y la Corte Suprema, con la intención de derrocar a Lula y devolver al poder a Bolsonaro, quien ahora es investigado por presunta incitación al ataque.
La semana pasada, en un desayuno con periodistas, Lula acusó a “muchos” policías y militares de haber sido “conniventes” con el caos generado en la capital brasileña.
También dijo que “ningún sospechoso de ser bolsonarista de raíz” puede permanecer en el Palacio.
“Todavía no he hablado con la gente sobre eso. Estoy esperando que el polvo se asiente. Quiero ver todas las cintas grabadas dentro de la Corte Suprema, dentro del Palacio. Había mucha gente sospechosa. Había mucha gente de las Fuerzas Armadas aquí, conspirando. Estoy convencido de que la puerta del Palacio del Planalto se abrió para que entrara esta gente porque no hay ninguna puerta rota. Es decir, alguien les facilitó la entrada aquí”, dijo Lula a los periodistas en el desayuno del jueves pasado.
Además de los 40 militares que cumplían funciones en la residencia presidencial, también fueron despedidos otros ocho militares del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) que trabajaban en la Coordinación General de Operaciones de Seguridad Presidencial.
El Ministro Principal de la Casa Civil, Rui Costa, dijo en una entrevista con O Globo el domingo que el GSI, responsable de la seguridad del edificio, será renovado casi al 100% para “tener oxigenación”.
“Tenemos que garantizar un estándar de formación que nos permita proteger los Tres Poderes, símbolos de las tres instituciones en Brasil”, señaló.
Hoy, el GSI está integrado por alrededor de 1.100 servidores públicos -incluido el personal administrativo-, de los cuales 80 ocupan cargos de confianza.
Como mostró O Globo, de los 80 miembros de cargos de confianza que componen el organismo, solo siete han sido exonerados desde que asumió el candidato del PT, menos del 10% del total.
En base a O Globo (GDA) y AFP