La alta inflación hunde en la pobreza a los venezolanos

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CARACAS | AP

Desde su precaria vivienda de techo de zinc y piso de tierra, María Irene Burgos, una desempleada de 37 años, dice que el dinero que a veces consigue recogiendo tamarindo sumado al que le da su hijo mayor, vigilante en una finca, no le alcanza.

"A veces pasamos días sin comer", dice Burgos, quien para sobrevivir con sus tres hijos debió recurrir a las bolsas de alimentos que entrega la gobernación de Miranda como parte del programa "Hambre Cero", que atiende a 7.500 familias en pobreza extrema de esa provincia del centro del país.

El impacto de los altos precios no sólo se siente con fuerza en comunidades rurales como El Tigre, del estado central de Miranda, 40 km al suroeste de Caracas, sino en todo el país.

Venezuela, un importante productor de petróleo, alcanzó en abril una de las tasas de inflación anual más altas del mundo, del 22,9%, que supera en más del doble el promedio de la región y obliga a su población, integrada en su mayoría por pobres, a disponer de cerca de la mitad de sus ingresos para cubrir la cesta alimentaria, que ronda los 400 dólares.

La situación económica de los venezolanos "ha desmejorado un 100%", dice Evelyn Villamizar, una estudiante de 29 años que habita junto a su hijo de 5 en la populosa barriada de Petare, en el Este de Caracas.

Su hijo que uno de los beneficiarios de una "merienda escolar", que mensualmente entrega la alcaldía del municipio capitalino de Sucre a 19.000 niños pobres para cubrir parte de su alimentación diaria.

Villamizar aseguró que se ha visto obligada a cambiar su dieta alimentaria y a consumir "huevo en vez de carne".

Para reducir gastos, la joven madre acude a la red estatal Mercal, que vende productos a bajos precios. Pero las largas filas y la escasa oferta la termina arrojando al mercado negro, que vende muy por encima de los precios regulados.

El fenómeno de la inflación no es nuevo en el país. Los venezolanos lo han padecido por décadas. Pero en los últimos dos años el impacto se ha sentido con mayor intensidad debido a que los precios de los productos han crecido a un ritmo más acelerado que los ingresos, dice Ricardo Villasmil, profesor de Instituto de Estudios Superiores de Administración (Iesa).

El gobierno socialista de Chávez trató infructuosamente de controlar la inflación fijando controles de precios, creando programas barriales que ofrecen alimentos a los pobres y mediante la importación masiva de productos alimenticios que se venden a precios bajos. También dispuso aumentos salariales periódicos. Pero estadísticas del gobierno indican que el poder adquisitivo se redujo en un 14,5% en los últimos cuatro años. En 2010, el salario promedio subió 22%, comparado con una inflación del 27%.

Chávez culpa a los especuladores de los aumentos de precios, pero muchos economistas los atribuyen en parte a los excesivos gastos de su gobierno.

La nómina de empleados públicos pasó en la última década de un millón a 2,26 millones puestos. El gobierno, además, expropió grandes empresas y ha asumido servicios como el telefónico, la producción de cemento y hierro que estaban en manos privadas.

El gobierno mantiene 6.000 "Casas de Alimentación", que atienden a unas 900.000 personas de origen humilde, y cuenta con una cadena de comercialización que incluye la red Mercal, la Distribuidora Venezolana de Alimentos, los abastos Bicentenarios y las ferias socialistas, que cubren cerca de 35% del mercado, según datos de la prensa oficialista.

Aún así, los sectores más desposeídos han sido los más golpeados por la inflación, indicó Villasmil al referir que "el 25% más pobre de la población gasta el 45% de sus ingresos en alimentos".

La inflación en Venezuela es consecuencia de un "fenómeno de oferta", afirmó Ángel García Banchs, profesor de economía de la Universidad Central de Venezuela. Esta situación se explica por el hecho de que hay muchos bolívares en el mercado persiguiendo pocos productos.

En los últimos seis años el oficialismo ha impulsado regulaciones que le han permitido echar mano de reservas internacionales y de supuestas "utilidades cambiarias" que han alimentado el gasto público.

Pero el gobierno también usa los crecientes ingresos públicos -generados por la emisión de billetes y los altos precios petroleros- para pagar la abultada nómina estatal, los programas sociales y cubrir las operaciones y servicios de empresas expropiadas.