VENEZUELA

Juan Guaidó: el régimen de Maduro empezó a “canibalizarse”

El líder opositor venezolano atribuyó a pujas en el chavismo el arresto de un tío que regresó con él a Caracas, al que se lo acusa de traslado ilícito de armas y explosivos.

Guaidó atribuyó a pujas en el chavismo el arresto de un tío que regresó con él a Caracas. Foto: AFP
Guaidó atribuyó a pujas en el chavismo el arresto de un tío que regresó con él a Caracas. Foto: AFP

Un tribunal de Venezuela ordenó ayer jueves la detención, en la sede de contrainteligencia militar, de un tío de Juan Guaidó al que acusa de traslado ilícito de armas y explosivos. Para el líder opositor, el arresto de su tío es una muestra de la “canibalización” del régimen.

Juan José Márquez fue llevado la madrugada del jueves a la sede de una corte, dijo su abogado Joel García, quien calificó al proceso como amañado.

Márquez llegó el martes junto a Guaidó al aeropuerto de Caracas y, tras pasar migración, fue detenido por agentes de la oficina nacional de impuestos. Fue arrestado, presuntamente, por llevar explosivos sintéticos, chalecos antibalas y un plan, redactado en inglés, para cometer atentados terroristas en Venezuela.

El miércoles por la noche, el número dos del régimen, Diosdado Cabello, confirmó que Márquez estaba detenido por supuestamente “traer sustancias químicas de naturaleza explosiva” en el vuelo.

Guaidó, quien regresó de una gira internacional iniciada el 19 de enero, desestimó las declaraciones de Cabello asegurando que se cumplieron todos los protocolos de seguridad al abordar el avión de la aerolínea TAP Air Portugal que los llevó a Caracas desde Lisboa.

En declaraciones a la radio portuguesa TSF, el ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, dijo que las acusaciones de las autoridades venezolanas “no tienen sentido”, y agregó que el caso de Márquez es “un intento de intimidar” a Guaidó. “La posición de Portugal y la UE es simple: la grave crisis en Venezuela (...) no puede resolverse con intimidación y arrestos arbitrarios”, dijo el canciller.

Guaidó sostuvo que “tenemos pruebas de que la acción contra mi tío es consecuencia del enfrentamiento entre dos bloques” rivales dentro del oficialismo. “Han empezado a canibalizarse”, dijo.

Márquez se encontraba ayer jueves en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). “Físicamente muy cansado, por supuesto, preocupado; pero él dijo que no lo habían agredido”, dijo su abogado.

Agregó que Márquez “no es autor ni partícipe de esos hechos”. “Lo que sí tenemos claros es que Juan José Márquez es un instrumento para presionar a Juan Guaidó”, denunció. “No le van a poder demostrar nada (...), estamos en presencia de una burda mentira”, añadió.

La Fiscalía imputó a Márquez por el delito de “tráfico ilícito de armas y explosivos”, pero García aseveró que “no hay ni siquiera un elemento de convicción” para culparlo de ese delito. Las sustancias por las cuales se le acusa pudieran ser “incluso hasta talco”, dijo.

En tanto, la esposa de Márquez, Romina Botero, dijo que el tío de Guaidó es piloto, y que por tanto “conoce perfectamente las normas aeronáuticas” que prohíben el traslado de sustancias tan peligrosas como los explosivos sintéticos.

Recordó que logró hablar con su esposo varias horas después de su detención, cuando le telefoneó desde la sede de la DGCIM, en el este de Caracas, y calificó este lugar como “un centro de tortura”.

Guaidó calificó la detención de su tío como un “secuestro” y dijo que el protocolo de seguridad aeroportuaria en Europa “es claro y estricto” y fue aplicado a cada pasajero que abordó el vuelo de TAP Lisboa-Caracas. “Si el usurpador -en referencia a Nicolás Maduro- quiere imponer su matriz, tendrá que enfrentar la versión corroborada de un Gobierno serio”, señaló.

Corte Penal.

En tanto, el régimen de Maduro pidió ayer jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue como posibles crímenes de lesa humanidad las sanciones estadounidenses contra Venezuela.

El ministro de Relaciones Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, planteó formalmente este asunto como una forma de “guerra económica” a la fiscal de la CPI, con sede en La Haya.

“Consideramos que las medidas coercitivas unilaterales son crímenes de lesa humanidad, además violan el derecho internacional y los derechos humanos (...) En este caso contra la población civil de Venezuela, (...) que hay que detener esta barbarie”, enfatizó.

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