Intentan solucionar ocupación de gasoducto

La Paz - El gobierno busca hoy solucionar la toma de instalaciones de un importante gasoducto por parte de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), que amenaza con cerrar las exportaciones de gas a Brasil si la empresa propietaria no le paga nueve millones de dólares.

El ministro de Desarrollo Rural, Hugo Salvatierra, informó a la prensa que, además de él, funcionarios del viceministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la firma dueña del gasoducto, Transierra, y representantes de la APG, se reunirán en Charagua para intentar un acuerdo. La población se encuentra a unos 970 kilómetros al sureste de La Paz.

Transierra, que tiene por accionistas a la brasileña Petrobras, a la hispano-argentina Repsol YPF y a la francesa Total, construyó en 2004 ese ramal entre la población de Yacuiba y el departamento de Santa Cruz, para empalmar con el ducto principal que lleva el gas boliviano a Brasil.

La APG, organización social que dice representar a cien mil indígenas guaraníes del sureste boliviano, sostiene que Transierra le debe nueve millones de dólares por el derecho de paso a través de sus tierras del gasoducto y los supuestos daños ecológicos que ocasionaría la operación.

Sin embargo, Transierra sostiene que el acuerdo entre ambas partes firmado en 2005 establece que los desembolsos deben hacerse en 20 años, y que ya pagó 255.887 dólares por ese concepto.

Pese a los anuncios del gobierno, el asesor en comunicación social de Transierra Hugo Muñoz, que tiene su sede en Santa Cruz, dijo a la prensa local que el consorcio no fue invitado a la reunión entre el gobierno y la APG.

Nosotros hemos buscado en reiteradas oportunidades la apertura del diálogo mediante cartas (al gobierno), pero no nos contestaron , habría informado Muñoz al diario El Deber de Santa Cruz, 570 kilómetros al sureste.

Cientos de indígenas llegaron a mediados de la semana pasada a la estación de control del gasoducto Parapetí, 1.000 kilómetros al sureste de La Paz, con la amenaza de ingresar a la planta y cerrar las válvulas de la tubería para evitar la exportación de gas a Brasil. Según dejó entrever Transierra, el gobierno no hizo nada para impedir la acción.

El viernes, la firma informó a la AP que buscaba denodadamente tomar contacto con algunos funcionarios del gobierno, pero que la iniciativa se había dificultado porque se encontraban reunidos para evaluar la gestión de siete meses del gobierno, que se extendió hasta el sábado, con el presidente

Evo Morales.

Durante el fin de semana, alrededor de 300 indígenas guaraníes ingresaron finalmente a la estación y un número indeterminado acampó a los alrededores. Transierra ha advertido que sólo el encendido de un fósforo en las inmediaciones de la planta podría causar una explosión de un radio de un kilómetro.

Por la tubería pasan diariamente alrededor de 11 millones de metros cúbicos de gas, más del 40% de lo que Bolivia envía cotidianamente a Brasil.

El secretario de recursos medioambientales de la APG, Marcelo Claudio, dijo que Transierra pondría trabas burocráticas al desembolso del dinero, al señalar que la APG quiere administrar "de forma directa los recursos que Transierra se comprometió a entregar".

La organización no ha precisado cual sería su destino. La APG no es parte orgánica del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), pero sus dirigentes han manifestado simpatías hacia el presidente Evo Morales.

AP