Redacción El País
Las tensiones entre las potencias nucleares rivales India y Pakistán se dispararon ayer jueves, reavivando los temores de guerra, tras el ataque civil más mortífero en años recientes en la Cachemira administrada por la India.
Las fuerzas de seguridad e investigadores continúan la búsqueda de los hombres armados que el martes pasado abrieron fuego contra un grupo de turistas en una pradera cerca de la popular ciudad turística de Pahalgam, en el sur de Cachemira, una región en disputa que ambas naciones reclaman como propia desde su independencia del imperio británico en 1947.
Entre las 26 víctimas se encuentran 25 ciudadanos indios y uno nepalí. La masacre ha provocado un rápido deterioro diplomático entre los dos vecinos del sur de Asia.
La India tomó medidas significativas al degradar sus relaciones diplomáticas con Pakistán, convocar a su máximo enviado, cerrar un importante cruce fronterizo y, por primera vez, suspender el Tratado de Aguas del Indo, un acuerdo de reparto de agua de 1960 negociado por el Banco Mundial que ha resistido décadas de conflicto.
Este tratado rige la asignación de agua de seis ríos, otorgando a la India el control sobre tres ríos orientales y a Pakistán sobre tres occidentales.
Reaccionando con dureza, Pakistán advirtió ayer que cualquier intento indio de desviar agua de los ríos que le fueron asignados se consideraría “un acto de guerra”.
En una declaración contundente tras una reunión del principal órgano civil-militar del primer ministro Shehbaz Sharif, Pakistán rechazó las acusaciones de la India y calificó la suspensión del tratado como un acto “unilateral y hostil”. “Cualquier movimiento para desviar agua se enfrentará con toda la fuerza a través de todo el espectro del poder nacional”, afirmó el Comité de Seguridad Nacional de Pakistán.
Pakistán también anunció la suspensión de todos los acuerdos bilaterales, incluido el Acuerdo de Simla (un tratado de paz que marcó el final formal de la guerra de 1971), hasta que la India cambie lo que denominó su “conducta beligerante”.
Con efecto inmediato, Pakistán cerró el cruce fronterizo de Wagah (conocido como Attari en el lado indio), suspendió las exenciones de visa para ciudadanos indios (excepto los peregrinos sij), expulsó a los asesores de defensa indios y ordenó a la India reducir su personal en la Alta Comisión (embajada) en Islamabad a 30 para el 30 de abril.
Además, cerró su espacio aéreo a todas las aerolíneas de propiedad u operación india y suspendió todo el comercio con la India, incluido el tránsito a través de terceros países.
El primer ministro indio, Narendra Modi, calificó el ataque como una afrenta directa a la seguridad nacional y prometió venganza. “Al mundo le digo esto: la India identificará, rastreará y castigará a cada terrorista y a quien lo respalde. Los perseguiremos hasta los confines de la Tierra”, declaró Modi.
La India alegó que los hombres armados tenían vínculos con Pakistán, acusando a su rival de apoyar a los asesinos.
La responsabilidad del asalto fue reivindicada por The Resistance Front (TRF), un grupo que se cree que es una organización pantalla del grupo militante Lashkar-e-Taiba (LeT), con sede en Pakistán y que llevó a cabo los ataques de Bombay de 2008.
La India ha suspendido todas las visas para paquistaníes y ha ordenado a quienes ya se encuentran en el país que se marchen en un plazo de 72 horas. Todas las visas existentes serán revocadas a partir del 27 de abril. EFE
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