SANTIAGO DE CHILE n El ministro del Interior de Chile, José Miguel Insulza, descartó ayer que el gobierno pueda proponer reducción de penas para los autores de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
"Los que hubieran organizado, planificado, dirigido o realizado de manera directa los crímenes no están considerados en ninguna reducción de pena ni nada por el estilo", declaró Insulza a Radio Chilena.
El ministro hizo la declaración después de que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos acusó al gobierno del presidente Ricardo Lagos de buscar una "impunidad solapada" para violadores de los derechos humanos.
Esta semana Lagos hizo una propuesta que, según el gobierno, tiene el fin de acelerar los procesos judiciales sobre detenidos desaparecidos y otras víctimas de violaciones a los derechos humanos.
El mandatario anticipó que enviará ahora una serie de proyectos de ley al parlamento para materializar su iniciativa.
Lagos dijo que a fin de acelerar esos procesos propondrá dar atribuciones a los jueces para que puedan disminuir las penas a quienes siendo partícipes "no necesarios" en casos de violaciones a los derechos humanos aporten información nueva, siempre que no hayan sido ya juzgados.
MIEDO. "Todos los demás (partícipes) ya son conocidos. Estamos hablando de los fusileros, quienes enterraron o choferes quienes muchas veces no van adonde el juez porque tienen miedo de que los dejen arrestados", explicó Insulza.
El ministro dijo que en esos casos "más que de obediencia forzada, prefiero hablar de la imposibilidad de tener otra conducta".
La "obediencia forzada" u "obediencia debida" fue una figura que se usó en Argentina en los 80 en beneficio de los represores de ese país. Partía del supuesto de que muchos delitos fueron cometidos por militares que "sólo" obedecían órdenes.
Una ley al respecto fue declarada nula recientemente por la Cámara de Diputados.
El ministro secretario general de la presidencia, Francisco Huenchumilla, aseguró que en la propuesta que el gobierno enviará al parlamento "no hay impunidades".
"Aquí no hay nada encubierto y nadie quiere pasarle goles a nadie. Lo único que hay es una plena disposición moral y política a hacer las cosas bien", aseveró.
Huenchumilla añadió, asimismo, que todos los dirigentes de agrupaciones de defensa de los derechos humanos podrán acudir al parlamento cuando se tramiten los proyectos de Lagos.
Las Asociación de Familiares anunció que el miércoles marchará hasta el palacio de La Moneda, sede del gobierno, para manifestar su rechazo a la iniciativa de Lagos e insistir en la derogación de la Ley de Amnistía que impuso la dictadura militar. ANSA
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