CHILE

En Chile los militares volvieron a patrullar la región de La Araucanía, en el sur del país, tras la orden que dio el presidente Gabriel Boric después del incremento de la violencia en la zona en medio de reivindicaciones de tierras de indígenas mapuches.

Las fuerzas militares ingresaron a la región de La Araucanía, a unos 600 km al sur de Santiago.

La orden de volver a militarizar la región de La Araucanía y algunas localidades de la vecina región del Biobío, la dio el lunes el presidente Boric, que debió dar marcha atrás a su promesa electoral de no volver a recurrir a esta medida -instaurada por su antecesor Sebastián Piñera- para resguardar el lugar.

Boric intentó sin éxito lograr la aprobación en el Congreso de un “Estado de Emergencia Intermedio”, que le permitiera desplegar militares solo en algunos lugares.

Pero ante el notorio incremento de la violencia y el llamado al alzamiento armado por parte de un grupo radical, optó por usar nuevamente esta facultad presidencial, focalizando el control militar principalmente en la seguridad de las carreteras y los caminos rurales, resguardados por distintos vehículos militares, entre camiones y tanques.

Al anunciar la medida, la ministra del Interior, Izkia Siches, afirmó que el gobierno “decidió hacer uso de todas las herramientas del Estado para dar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas”.

El despliegue de los militares coincide con un llamado de líderes indígenas a asistir a apoyar a quienes ellos consideran “presos políticos mapuches”, internos en el Centro Penitenciario de Temuco, por distintos delitos, en su mayoría ataques incendiarios.

Decenas de mapuches, convocados por el grupo radical de resistencia Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), se concentraron ayer miércoles frente a la cárcel de la ciudad de Temuco para defender a sus “presos políticos”.

Entre ellos, varios portavoces de la CAM, grupo que se atribuye diferentes ataques a predios, camiones y maquinaria en la región de Biobío, y lonkos (líderes comunales) como Alberto Curamil, quien en 2019 fue condecorado con el premio Goldman, que reconoce al activista ambiental más importante de Centro y Suramérica.

“Hemos llegado aquí como organización para dar el apoyo a Daniel Canío, al preso político de la CAM que está aquí secuestrado en la cárcel por el Estado chileno, y también damos el apoyo a Luis Vásquez Tramolao, que está encarcelado en la cárcel de Angol”, dijo a EFE Rafael Pichun, portavoz de la CAM.

“La resistencia no es terrorismo. Libertad a los presos políticos mapuches”, decía un enorme cartel desplegado en las afueras del lugar, que se encontraba sin resguardo policial y donde de momento no se registraban incidentes.

La ministra Siches, quien se vio obligada a justificar una medida que durante meses criticó ferozmente, recibió advertencias violentas, en forma de disparos al aire, cuando hace dos meses viajó a la zona para entablar diálogo con estas comunidades mapuches, que reclaman el derecho a recuperar sus tierras, en manos de colonos a los que se las vendió el Gobierno hace décadas y de empresas forestales extractivas que explotan bosques milenarios en los que se han sustituido árboles nativos por eucaliptos.

El domingo, y al tiempo que el Gobierno estudiaba qué hacer, Hector Llaitul, uno de los líderes de la CAM, consideró que se trataba de una “nueva provocación” y llamó a alzar las armas.

“Los milicos esbirros nuevamente desplegados por el Wallmapu (nombre ancestral del territorio mapuche), custodiando los intereses del gran capital. Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuches siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el Gobierno lacayo de Boric. A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía”, declaró.

Fidel Tranamil, uno de los líderes mapuche, aseguró ayer miércoles que existe aún la voluntad de diálogo con el Gobierno de Gabriel Boric, pero advirtió que en ningún caso será posible mientras el Ejército esté desplegado y haya sobre la mesa “fusiles manchados de sangre”.

En declaraciones a la prensa tras visitar en la cárcel de Temuco a uno de sus hermanos, Luis Tranamil, detenido por el asesinato de un carabinero, el machi de la comunidad Lof Rofue pidió Boric que genere las “instituciones políticas de alto nivel” que permitan entablar un diálogo serio sobre la autodeterminación del pueblo mapuche e incluya en ellas la posibilidad de que participen observadores internacionales.

“Yo creo que el diálogo se tiene que dar en el momento en el que el estado y las distintas administraciones, hoy día la administración de Boric, genere las instancias políticas para un diálogo de alto nivel político”, subrayó.

“Aquí no se están pidiendo arreglo de caminos, no se está pidiendo un metro de tierra, se está hablando de un proceso autonómico mapuche, donde tendría que haber partes bien responsables políticamente, viendo diálogo de alto nivel político, que quizás tenga que haber veedores internacionales”, recalcó.

Al hilo de este argumento, Tranamil acusó al nuevo Gobierno de cometer los mismos errores que los anteriores, le recriminó que se haya plegado igualmente a las presiones políticas y económicas, y lamentó que tampoco haya sido consciente de las tradiciones y costumbres de este pueblo indígena.

“Aquí el problema de fondo históricamente es que el estado y las diferentes administraciones no han sabido llevar un diálogo con el pueblo mapuche”, señaló.