Redacción El País
La Corte Suprema de Estados Unidos impidió al presidente Donald Trump reanudar la expulsión de migrantes venezolanos a los que acusa de ser pandilleros bajo una ley del siglo XVIII.
En marzo el presidente republicano invocó la Ley de enemigos extranjeros de 1798, usada hasta entonces solo en tiempos de guerra, para expulsar a presuntos pandilleros venezolanos a una megaprisión de El Salvador, que se prestó a encarcelarlos a cambio de dinero. Trump los acusa de ser miembros de la banda Tren de Aragua, declarada organización terrorista global por Estados Unidos.
La Corte Suprema, integrada por nueve magistrados, de los cuales tres son “progresistas”, intervino por primera vez en este caso el 19 de abril para bloquear las deportaciones sumarias de migrantes venezolanos en situación irregular a El Salvador.
La administración recurrió de nuevo al máximo tribunal para poder deportar a otro grupo recluido en Texas.
En un dictamen de 7 contra 2 los magistrados bloquearon ayer viernes sus planes porque estiman que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión.
“Una notificación aproximadamente 24 horas antes de la expulsión, desprovista de información sobre cómo ejercer los derechos del debido proceso (...) no cumple los requisitos”, se lee en el fallo.
Pero la Corte Suprema considera que está demasiado “alejada de las circunstancias sobre el terreno” y devuelve el caso al Quinto Circuito, un tribunal de apelaciones, para que se pronuncie sobre el fondo.
“Para ser claros, hoy únicamente decidimos que los detenidos tienen derecho a una notificación mayor que la dada el 18 de abril, y otorgamos una medida cautelar temporal”, recalcan. “El 19 de abril no abordamos, ni lo hacemos ahora, los fundamentos de las alegaciones de las partes sobre la legalidad de las deportaciones” en virtud de la Ley de enemigos extranjeros, precisan.
Los magistrados piden a tribunales inferiores que aborden el caso con urgencia porque reconocen “la importancia de los intereses de seguridad nacional del gobierno” y, al mismo tiempo, la necesidad de que “se promuevan de conformidad con la Constitución”.
Zonas militares
La Administración Trump sufrió otro un revés esta semana tras el fallo de varios jueces federales que desestimaron los cargos contra decenas de inmigrantes indocumentados acusados de ingresar a zonas militares recién establecidas por el Gobierno estadounidense para reforzar el control en la frontera con México.
El juez federal Miguel Torres en El Paso (Texas) desestimó los cargos presentados contra 16 inmigrantes acusados de traspasar una franja recién designada como de uso militar.
El magistrado se negó a encausar a doce inmigrantes este jueves y cuatro más ayer viernes, después que el gobierno no pudo probar que había colocado letreros en “lugares visibles y apropiados” que advirtieran a las personas que estaban ingresando en un área militar.
Una opinión similar emitió el miércoles pasado el juez federal Gregory B. Wormuth en un tribunal de Nuevo México al desechar los cargos contra 98 inmigrantes, al argumentar que el gobierno federal no había demostrado que los acusados sabían de antemano que estaban ingresando a una franja militar, según la cadena ABC.
Los dos fallos suponen un revés para la Casa Blanca en sus esfuerzos por detener la inmigración indocumentada. El Gobierno de Trump había instruido al secretario de Defensa, Pete Hegseth, para que ampliara las zonas de control militar de los fuertes cercanos a la frontera, en su deseo de militarizar la línea divisoria del sur del país.
En las últimas semanas, el Pentágono ha tomado el control de dos franjas en la frontera con México: un tramo de 274 kilómetros, conocido como la Reserva Roosevelt (Nuevo México) y otro de 101 kilómetros a lo largo del Río Grande, en los condados de El Paso y Hudspeth (Texas).
La nueva demarcación permite a los soldados estadounidenses detener a inmigrantes, una tarea prohibida para el Ejército de EE.UU. dentro del país en áreas que no son de dominio militar. AFP, EFE
Evalúan reality para ganar la ciudadanía
El Gobierno de Donald Trump está evaluando autorizar la producción de un programa de telerrealidad donde inmigrantes competirían en varios desafíos para ganar la ciudadanía estadounidense.
La noticia fue publicada primero por el diario británico The Daily Mail, que informó sobre el supuesto respaldo de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem. Sin embargo, esto fue desmentido por la subsecretaria de la agencia, Tricia McLaughlin, quien en un comunicado remitido este viernes a EFE aseguró que “esto es completamente falso”, añadiendo que Noem “no ha respaldado ni conoce la propuesta de ningún programa de ficción o telerrealidad”. McLaughlin admitió que la agencia “recibe cientos de propuestas para programas de televisión al año” y que cada una “se somete a un riguroso proceso de selección antes de su rechazo o aprobación.
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