Los principales funcionarios de inmigración del gobierno de Estados Unidos defendieron ayer el uso de tácticas agresivas de detención por parte de agentes federales enmascarados y armados, días después de que un juez federal dictaminara que estos arrestos se hacían “basándose únicamente en la raza”.
Un trabajador del campo murió en California después de resultar herido en una redada en una granja de cannabis legal. Horas antes, un juez de distrito ordenó el cese de las “patrullas itinerantes” contra migrantes presuntamente irregulares en Los Ángeles solo basándose en criterios como su aspecto o la lengua que usa. “La descripción física no puede ser la única razón para detener e interrogar a alguien”, dijo el principal responsable migratorio de Donald Trump, Tom Homan, a la CNN surt domingo. Se tienen en cuenta “una multitud de factores”. Pero reconoció que la apariencia física influía en los criterios usados para detener a los migrantes y que esto provocaba “detenciones colaterales” en redadas selectivas.
El principal responsable migratorio de Trump, Tom Homan, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, presentaron el caso en los programas de entrevistas de ayer, justo un día después de que Homan aseguró que la administración iba a acatar la decisión del juez, pero que tiene intención de apelarla.
Noem calificó la decisión del juez de “ridícula” y “política”. “Siempre construimos nuestras operaciones sobre el conocimiento de individuos que necesitábamos atacar porque eran criminales”, dijo Noem en Fox News.
Trump, que hizo campaña con la promesa de deportar a millones de migrantes irregulares, ha tomado una serie de medidas encaminadas a acelerar las deportaciones.
Los Ángeles, una de las conocidas como “ciudad santuario”, en la que un 35,4% de los casi cuatro millones de habitantes son extranjeros, según el último censo oficial, ha estado en el punto de mira de Trump desde su regreso a la Casa Blanca, en enero pasado. En la ciudad de California se produjeron la primeras grandes protestas contra las redadas hace un mes, que luego se replicaron en cientos de ciudades de Estados Unidos.
Asimismo, Trump informó el pasado viernes que ordena arrestar a los manifestantes que arrojen piedras contra los vehículos de los agentes que participan en redadas migratorios.
El líder republicano explicó a través de su plataforma Truth Social que tomó esta decisión al ver un video de un grupo de personas que lanzaban piedras contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que viajaban en vehículos oficiales durante un operativo en California.
Trump aseguró que ordena a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y al zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, a que “instruyan a todos los agentes del ICE, del Departamento de Seguridad Nacional o a cualquier otro agente del orden público que sean víctimas de piedras, ladrillos o cualquier otra forma de agresión, que detengan su coche y arresten a estos inmundos, utilizando todos los medios necesarios”.
“Autorizo plenamente al ICE a protegerse, al igual que protegen al público. ¡No quiero volver a ver atacado un vehículo con un agente del orden público a bordo!”, escribió Trump.
“Purga masiva”
En otro orden, siempre en Estados Unidos, la fiscal general, Pam Bondi, despidió el pasado viernes a más de 20 empleados del Departamento de Justicia que trabajaron en casos relacionados con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y el manejo de documentos clasificados por parte del presidente Donald Trump, según informó Axios el fin de semana.
Estos despidos incluían abogados, personal de apoyo y alguaciles federales, según informó un funcionario del Departamento de Justicia al medio de comunicación.
Por su parte, The New York Times señaló que entre los despedidos se encontraban dos fiscales que trabajaron bajo la supervisión del exfiscal especial Jack Smith y que, al menos, otros siete empleados despedidos eran personal de apoyo que asistía a los fiscales.
De acuerdo con Axios, estos despidos forman parte de una “purga masiva” destinada a exonerar del Departamento de Justicia a los abogados y al personal de apoyo que participaron en el procesamiento de Trump por parte de Smith el 6 de enero y por posesión ilegal de documentos clasificados.
Antes de que Bondi asumiera el cargo, otros 14 funcionarios relacionados con Smith fueron despedidos, de acuerdo con Axios. Estos casos de despidos masivos están generando polémica en Estados Unidos, por considerarse que están por fuera de lo que indican las leyes, según analistas.
A un año del intento de magnicidio
Un comité del Senado estadounidense reveló ayer domingo en un informe fallos “inexcusables” del Servicio Secreto en el intento de asesinato de Trump en un acto de campaña hace un año y pidió medidas más severas contra los responsables. El entonces candidato republicano a la presidencia resultó herido en la oreja derecha por un disparo efectuado por un francotirador durante un mitin de campaña el 13 de julio de 2024 en Pensilvania. Un espectador murió y dos más resultaron heridos. El atacante, Thomas Crooks, de 20 años, murió por el disparo de un agente de seguridad.
“Lo ocurrido fue inexcusable y las consecuencias impuestas por los fallos cometidos hasta ahora no reflejan la gravedad de la situación”, señala el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado estadounidense en el informe.
El comité, de mayoría republicana, denuncia “una cascada de fallos evitables que casi le cuestan la vida al presidente Trump”. “El Servicio Secreto de Estados Unidos no actuó sobre la base de información de inteligencia creíble, no se coordinó con las fuerzas del orden locales”, dijo el presidente del comité, el republicano Rand Paul. AFP
El Comité del Senado, en su mayoría republicano, informó ayer que, a pesar del “colapso de la seguridad a todos los niveles” (durante el atentado contra Trump hace un año), nadie ha sido despedido. El Servicio Secreto, por su parte, informó que sancionó a seis de sus miembros con suspensión de entre 10 y 42 días sin goce de sueldo, además de cambiarlos a puestos no operativos.
AFP, EFE/ Washington
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