Estados Unidos sancionó ayer sábado al viceministro del Interior de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por participar en “graves violaciones de los derechos humanos”, una acción que Washington realiza en recordación de los cientos de víctimas tras las protestas de abril de 2018 en el país centroamericano.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió en un comunicado que “hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron al creciente nivel de tiranía, corrupción y abusos del régimen”.
“Hoy, para conmemorar el aniversario de las protestas de abril de 2018 y recordar a los más de 325 manifestantes asesinados en la represión posterior, la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, en virtud de la Sección 7031(c), por su implicación en graves violaciones de los derechos humanos”, añadió Rubio. Bajo la sección 7031(c), la designación de Cañas Novoa incluye restricciones de visados y la prohibición de entrada a Estados Unidos.
El jueves, el Departamento del Tesoro estadounidense también anunció sanciones contra dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y cinco individuos, incluyendo al viceministro de Energía y Minas. Las medidas abarcan a siete empresas mineras, que como el resto de los señalados, han estado involucrados en la extracción de oro en Nicaragua y su comercialización.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explicó que todas estas entidades e individuos “ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua” y están “involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua” ligadas al sector aurífero.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato. Washington ha acusado al Gobierno de Ortega-Murillo de reprimir a los disidentes de su gestión.
EFE
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