AFP, EFE, El País de Madrid
Pedro Sánchez despejó el camino hacia su investidura para un nuevo período como presidente de España. El socialista logró finalmente ayer jueves pactar el apoyo de los independentistas catalanes a cambio de una amnistía a los líderes del fallido proceso de separatista de Cataluña entre 2012 y 2023.

Un pacto que abre una “etapa inédita” en España, en palabras del expresidente catalán Carles Puigdemont en Bruselas, donde se selló el acuerdo mientras en Madrid la oposición clamaba contra lo que considera una traición de Sánchez al país con tal de seguir en el poder.

La firma entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Sánchez y el independentista Junts per Catalunya, de Puigdemont, que sería uno de los beneficiados por la amnistía, se cerró tras semanas de negociaciones mientras se acercaba la fecha límite.

Pese al acuerdo, Puigdemont advirtió que la estabilidad del Gobierno español en la próxima legislatura dependerá de “una negociación permanente” con el PSOE, pues “se abre un camino incierto y lleno de dificultades”.

“El conflicto que queremos resolver no se limita a 2017”, dijo en referencia a la declaración unilateral de independencia de ese año, cuando presidía el Gobierno regional de Cataluña, tras la que huyó de la Justicia española.

Por ello, el documento del acuerdo, difundido por los socialistas, establece que la futura amnistía, aunque sin incluir “nombres”, será para todos los relacionados “directa o indirectamente” con el proceso independentista “entre 2012 y 2023”.

Los dos partidos también se pusieron de acuerdo para emprender conversaciones sobre el “reconocimiento nacional de Cataluña”, precisa el texto.

Durante esas negociaciones, el partido de Puigdemont adelantó que volverá a reclamar la organización de un referéndum de autodeterminación, una línea roja para el gobierno central.

Sobre la posibilidad de este referéndum, Puigdemont comentó ayer desde Bruselas que será en todo caso negociado a través de un mediador internacional, aunque el documento pactado apunta que se basaría en lo que la Constitución española establece para “decisiones políticas de especial trascendencia”.

Apoyado en el Parlamento por una parte de los independentistas desde hace cinco años, Sánchez ya indultó en 2021 a los nueve dirigentes separatistas condenados a prisión por su implicación en la intentona separatista y, al año siguiente, reformó el Código Penal para suprimir el delito de sedición por el que fueron condenados. Pero esta nueva concesión a los independentistas subió la tensión en el país.

“España ha perdido, los independentistas están ganando y el PSOE ha desaparecido”, sentenció el líder opositor Alberto Núñez Feijóo tras conocer el acuerdo que desbloquea la investidura de Sánchez.

El Partido Popular (PP) de Núñez Feijóo fue el más votado en las urnas en julio, pero no logró los apoyos parlamentarios para hacerse con el poder al intentar la investidura en septiembre.

Núñez Feijóo acusó a Sánchez de “ceder en un chantaje” al independentismo con tal de mantenerse en el poder.

La presidenta del Gobierno regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), fue más allá al denunciar que España está al comienzo de “una dictadura”.

Por su parte, el jefe de Vox, Santiago Abascal, denunció “el principio del fin de la democracia”.

El PP tiene convocadas movilizaciones en toda España para el domingo, tras desmarcarse de las protestas que en los últimos días se han celebrado ante sedes socialistas, marcadas por incidentes protagonizados por grupos de ultraderechistas.

Además de Junts, Sánchez cuenta con el respaldo de la izquierda con la que ha gobernado hasta el momento en coalición, ahora denominada Sumar, y de otras fuerzas nacionalistas e independentistas catalanas, vascas y gallegas.

Sánchez necesita para su investidura, aún sin fecha aunque se espera para la próxima semana, mayoría absoluta, es decir, 176 de los 350 escaños de la Cámara baja del Parlamento.

Si no la lograra, 48 horas después en una segunda votación solo necesitaría mayoría simple, para seguir gobernando cuatro años más.

La fecha límite para votar la investidura de Sánchez es el 27 de noviembre cuando, si ningún candidato hubiera logrado una mayoría suficiente, se convocarían nuevas elecciones.

Sánchez ya había alcanzado un acuerdo con el otro partido independentista catalán, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), en el poder en esa región, pero aún le falta pactar con los nacionalistas vascos.

El Gobierno y sus aliados querían registrar el proyecto de ley de amnistía en el Congreso a comienzos de noviembre, justo después del pacto con ERC, pero la lentitud de las negociaciones con Junts lo ha retrasado, informó el diario El País de Madrid.

La intención inicial era que la ley llevara la firma de todos los grupos que apoyarán la investidura -PSOE, Sumar, PNV, Bildu, BNG y los dos partidos independentistas catalanes- pero todavía tienen que compartir el texto con los demás, porque el contenido de la propuesta se ha llevado con gran secreto. El PP adelantó que tratará de ralentizarla todo lo posible en el Senado.