Redacción El País
El “Plan de acción por la democracia” aprobado ayer martes por el Gobierno español incluye una treintena de medidas sobre la transparencia de las administraciones públicas y de los medios de comunicación que implican aprobar nuevas normas y reformar leyes, desde la que regula la publicidad institucional a la ley electoral.

El proyecto, que el Ejecutivo socialista se plantea desarrollar en los tres años que quedan de legislatura, recoge medidas prometidas desde hace años a los socios parlamentarios, como la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos, o la actualización de la ley de secretos oficiales.

El objetivo, dijo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del “ecosistema informativo”; y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.

Se plantea reformas legales para establecer la obligación de celebrar anualmente el debate del estado de la nación, debates electorales o publicar todos los microdatos de las encuestas electorales.

En el área de los medios de comunicación, el Gobierno quiere que publique anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y reformar la Ley de Publicidad Institucional para introducir “criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”, garantizar sistemas imparciales de medición de audiencias y apoyar a los medios en lenguas cooficiales.

Foto: AFP

Apuesta por limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, “para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas”, y revisará además el marco regulatorio para “garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación”.

Propone también reformar la ley de secreto profesional de los periodistas y el artículo de la llamada ley mordaza que sanciona el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

El plan incluye aprobar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación y reformar la ley del derecho al honor y a la intimidad y la ley del derecho de rectificación, para mejorar el sistema que permite rectificar noticias “falsas o abiertamente tendenciosas”, con indemnizaciones y plazos adecuados.

En este apartado se incluye la reforma de los delitos del Código Penal que pueden afectar a la libertad de expresión, en concreto los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público.

Junto al programa de 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios, se dotará a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación. (EFE)