EFE
El Congreso español aprobó ayer jueves la polémica ley de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente por el intento ilegal de independencia de Cataluña. Con esta amnistía el presidente Pedro Sánchez busca mantenerse en el poder con el apoyo de los catalanes, y además acerca el posible regreso del expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo fuera de España desde 2017.

La ley, pactada entre el Partido Socialista (PSOE) de Sánchez y los propios independentistas catalanes, obtuvo 178 votos (mayoría absoluta), con 172 en contra.

Ahora tendrá que ser tramitada por el Senado, donde la oposición tiene mayoría absoluta. Dentro de dos meses volvería al Congreso para la aprobación definitiva, entraría en vigor a finales de mayo y su interpretación y aplicación correspondería a los jueces.

La ley fue respalda ayer por la coalición que forma el Ejecutivo (PSOE y Sumar), el resto de la izquierda y partidos nacionalistas e independentistas catalanes y vascos, con la oposición del Partido Popular (PP) y la extrema derecha (Vox).

La sesión transcurrió en un ambiente político cada vez más crispado por la amnistía, pero también por casos de presunta corrupción que salpican a izquierda y derecha.

“Un paso valiente y necesario para el reencuentro”, dijo Sánchez, en redes sociales en alusión a la ley tras participar en la votación, aunque no intervino en el debate parlamentario.

Sí habló en la cámara Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, para reprochar a Sánchez que haya “acatado todo” lo que pedía el independentismo catalán con el único interés, aseguró, de mantenerse en el poder “un tiempo”.

Los partidos independentistas catalanes Junts (derecha) y ERC (izquierda) celebraron efusivamente la ley, aunque, en términos generales, consideraron que nada termina con ella, sino que el “conflicto político” sigue, sin renunciar a la “autodeterminación”.

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La amnistía es un compromiso del PSOE con los independentistas catalanes para que apoyaran la investidura de Sánchez tras los comicios generales del 23 de julio, pues los socialistas necesitan los votos de otros partidos para poder gobernar.

La amnistía se aplicaría entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023, y beneficiaría, entre otros, a los responsables del referéndum de “autodeterminación” del 1 de octubre de 2017 y de la declaración unilateral de independencia posterior, anulados por el Tribunal Constitucional.

Por esos hechos, fueron condenados a prisión nueve líderes independentistas catalanes en 2019, mientras que Puigdemont, artífice principal del proceso independentista, huyó a Bélgica para eludir los tribunales españoles.

Una vez aprobada la amnistía definitivamente, se abriría la posibilidad de que Puigdemont regrese a España libre de cargos.

Según el Gobierno, también serían amnistiados en torno a 90 agentes de seguridad investigados por las cargas policiales con que trataban de impedir por orden judicial el referéndum citado.