Entró en vigencia la polémica ley que autoriza el aborto en España

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MADRID | EL PAÍS DE MADRID, AFP, AP Y ANSA

La polémica ley que autoriza el aborto sin restricciones en las primeras 14 semanas de embarazo, aprobada en febrero por el Parlamento español y por la cual el Tribunal Constitucional admitió un recurso del Partido Popular, entró en vigencia ayer.

La ley que despenaliza el aborto en España entró en vigor ayer, a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional, que podría decidir suspender provisoriamente su aplicación o introducirle modificaciones al texto a raíz de los recursos presentados el pasado 30 de junio por el opositor Partido Popular (PP) y el Gobierno de Navarra.

Esta ley, aprobada por el Parlamento el 24 de febrero, establece por primera vez en España la noción de interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres pueden ahora abortar libremente hasta 14 semanas de embarazadas y hasta 22 semanas en caso de "riesgos para la salud" de la madre o "graves anomalías del feto".

La anterior ley sólo autorizaba el aborto en caso de violación (hasta 12 semanas de embarazo), de malformación del feto (22 semanas) o de "peligro para la salud psíquica o física de la madre" (sin limitación de tiempo). La gran mayoría de los abortos se practicaban por el motivo de "riesgo psicológico" para la madre, lo que daba a veces lugar a abortos muy tardíos, a veces con más de seis meses de embarazo.

La oposición de derecha y la Iglesia católica se oponen a esta ley. Por este motivo el Partido Popular presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, considerando contrario al ar- tículo 15 de la constitución que reconoce que "todos tienen derecho a la vida".

La ministra de Igualdad, Bibiana Aido, dijo a la cadena de radio SER que el gobierno no está preocupado por la apelación que el PP introdujo ante la Corte Constitucional, alegando que la cláusula que permite abortar en las primeras 14 semanas viola la carta magna.

"El gobierno está totalmente convencido de la constitucionalidad de la ley", afirmó la ministra Aido.

"En opinión del gobierno, esta ley es constitucional", sostuvo también ayer el presidente del gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que defendió esta reforma en una conferencia de prensa afirmando que "limitaría el numero de embarazos no deseados" y aportaría "más garantías a las mujeres y a los profesionales" que practican los abortos.

El Partido Popular alegó en tanto que una decisión de la Corte de 1985 dice que los derechos de la mujer no pueden anteponerse de forma automática a los de un niño en gestación y que el aborto sólo puede hacerse en casos de violación, malformación fetal o cuando la salud de la madre está en peligro.

La providencia dictada el miércoles pasado por el Constitucional admite a trámite el recurso del PP, que ha impugnado preceptos de nueve artículos, entre ellos los relativos a la interrupción del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación y la interrupción por causas médicas cuando no se superen las 22 semanas o existan anomalías del feto incompatibles con la vida. También impugna los preceptos que regulan el aborto de las mujeres de 16 y 17 años.

El Tribunal también ha admitido el recurso de la Comunidad Foral de Navarra contra la obligación de las comunidades autónomas a garantizar la prestación del servicio de aborto en su territorio.

El Tribunal Constitucional dio el miércoles tres días al gobierno y al Parlamento para presentar sus argumentos a favor de la reforma. Ayer se ignoraba cuándo iba a pronunciarse el Tribunal Constitucional, que podría tomar la decisión excepcional de suspender provisoriamente la aplicación de la ley, a la espera de pronunciarse sobre el fondo.

El domingo, varios centenares de personas se manifestaron ante la sede del Tribunal constitucional para protestar contra la entrada en vigor de la ley. "El drama del aborto ha estado en España por 25 años, ha causado un dolor terrible a más de un millón de mujeres, más de un millón de niños no han nacido", dijo el activista antiaborto Benigno Blanco. "Con esta nueva ley el drama se pondrá peor".

Uno de los aspectos más polémicos de la nueva normativa es que permite el aborto a mujeres de 16 y 17 años sin el consentimiento de sus padres, aunque obliga a que éstos sean informados al respecto. Por otra parte elimina el peligro de encarcelamiento por someterse a un aborto y declara que el procedimiento es un derecho de cada mujer, aspecto que el gobierno ha defendido. "Es una ley más segura, al darle protección legal tanto a la mujer co-mo a los profesionales de la salud", dijo la ministra Aido.

Según la ley de 1985, las mujeres podrían ir a la cárcel por tener un aborto si no cumplían con ciertas condiciones. En la práctica, el aborto ha estado disponible para las mujeres porque éstas pueden alegar que están afligidas mentalmente como único fundamento para terminar el embarazo. La mayoría de los más de 100.000 abortos realizados en España al año encajan en esta categoría.

115.000 Abortos hubo en España en 2008 por la ley de 1985, que habilitaba a la mujer a interrumpir el embarazo por riesgo psicológico.

En la legislación comparada europea hay numerosos casos en los que se permite a las menores decidir por sí mismas y sin ninguna exigencia adicional. Es así en Reino Unido, Grecia, Portugal, Holanda, Noruega, República Checa, Letonia y Lituania. En Alemania, se sigue un sistema basado en la capacidad de juicio, y no en la edad. El consentimiento de las mayores de 16 años se presume válido salvo que se pruebe lo contrario; entre los 14 y 16 se analiza caso por caso; y por debajo de los 14 es necesaria la autorización de los padres a no ser que la menor pruebe ante un juez que tiene capacidad para decidir.

En otros países se exige que las menores tengan la aprobación de un adulto, pero no es necesario que sean los padres o tutores. En Francia, por ejemplo, en principio, deben presentar el consentimiento de su tutor, pero si prefieren no contarlo en casa, basta con que vayan al hospital o a la clínica acompañadas por un adulto que ellas elijan. En Finlandia, las menores de 17 años necesitan autorización, pero no de los padres, sino del médico que practica la interrupción del embarazo. Y en Dinamarca hay comisiones formadas por cuatro personas en cada distrito que autorizan los abortos de menores y discapacitadas. Hungría y Luxemburgo sí exigen la autorización paterna en todos los casos de abortos de menores. Hay otros que también lo hacen, pero con alguna excepción. En Italia, si hay un peligro grave para la salud de la joven, no hace falta el permiso parental, y si los padres no consienten la intervención o no se ponen de acuerdo, decide un juez.

El texto de la ley aprobado por el Ejecutivo español no exige que el permiso de los padres, aunque obliga a que estos sean informados. La Ley de Autonomía del Paciente, de 2002 -aprobada por el Gobierno popular de José María Aznar- estableció en los 16 años la mayoría de edad sanitaria salvo en tres supuestos: interrupción voluntaria del embarazo, reproducción asistida y ensayos clínicos. Esa excepción para el aborto es la que el Ejecutivo eliminó en esta ley.