Un fiscal en Bolivia pidió ayer jueves seis meses de prisión preventiva para el gobernador de Santa Cruz y líder opositor Luis Fernando Camacho, acusado de “terrorismo” en un caso relacionado con la salida del expresidente izquierdista Evo Morales en 2019.
“La medida cautelar que (se) ha solicitado es la detención preventiva por un período de seis meses”, a cumplir en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, dijo en rueda de prensa el fiscal asignado al caso, Omar Mejillones, tras el arresto de Camacho el miércoles.
El gobernador de Santa Cruz, líder de la tercera fuerza política en el Parlamento (detrás del gobernante Movimiento al Socialismo, el izquierdista MAS, y el centrista Comunidad Ciudadana), fue detenido el miércoles por la policía, que cumplió órdenes de la fiscalía.
La fiscalía explicó que su detención se debe a la causa abierta contra Camacho por su participación en el caso denominado “golpe de Estado I” contra Morales.
“Terrorismo”, la acusación contra Camacho
El caso “golpe de Estado I” corresponde a una denuncia que señala que se cometió el delito de terrorismo durante la crisis de 2019 a raíz de las fallidas elecciones presidenciales de ese año. Los comicios fueron calificados como fraudulentos y derivaron en la renuncia de Evo Morales, quien denunció un “golpe de Estado” en su contra.
Pese a que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue el principal denunciado en ese caso que se inició hace dos años, no fue hasta este miércoles que la Policía ejecutó la aprehensión y su traslado hasta la ciudad de La Paz, sede del Ejecutivo y el Parlamento.
“Dictadura”
Camacho fue detenido en una calle de Santa Cruz de la Sierra, principal centro industrial de Bolivia, y luego fue trasladado a La Paz para comparecer ante el fiscal Mejillones, pero se acogió a su derecho al silencio.
“No tengo miedo a la cárcel de la dictadura”, aseveró ayer en la madrugada, vía Twitter, el gobernador de la región más poblada y próspera de Bolivia.
Y en otro tuit agregó: “Hoy fui secuestrado por la justicia del MAS. Mi única culpa es haber defendido la democracia y junto a todo un pueblo unido haber frenado el fraude”.
Apenas se supo del operativo policial para arrestar a Camacho, varios partidarios del gobernador cruceño y legisladores de Cree-mos, su partido político, ingresaron a la pista y a las oficinas de los aeropuertos de Viru Viru y El Trompillo para evitar que alguna aeronave partiese y lo llevara a otra región del país.
Sin embargo, algunos medios difundieron las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Viru Viru que mostraron el traslado de Camacho en los márgenes de la pista hasta un helicóptero que finalmente lo sacó de ese lugar.
Luego las manifestaciones se extendieron hasta el Comando de la Policía de Santa Cruz y la Fiscalía Departamental.
En el comando policial hubo enfrentamientos entre los agentes de seguridad que respondieron con gases lacrimógenos a los manifestantes que buscaron ingresar a sus oficinas. Lo peor ocurrió en la sede de la Fiscalía en Santa Cruz que fue incendiada, lo que también afectó a varios vehículos.
Repercusión
Los exjefes de Estado bolivianos Jeanine Áñez (2019-2020) y Jorge Quiroga (2001-2002), del mismo bando político de Camacho, así como Carlos Mesa (2014-2018), condenaron la detención del gobernador cruceño.
Áñez también fue acusada de los mismos cargos que Camacho y sentenciada a 10 años de prisión en junio.
El partido del gobernador manifestó ayer que la detención de su líder es un “atentado contra el Estado de derecho” y abre el peligro de una “dictadura” en Bolivia.
“Estamos enfrentando el gravísimo peligro de convertirnos en un Estado donde prevalezca la dictadura, el abuso y la violencia con un Gobierno que busca imponerse con el terrorismo de Estado”, advirtió la agrupación política opositora.
Creemos señaló que el gobierno, el MAS y el presidente, Luis Arce, delfín de Morales, “tuvieron que valerse de acciones extrajudiciales” para “ejecutar una captura ilegal” del gobernador.
Simpatizantes del gobierno socialista saludaron, no obstante, la detención de Camacho. “La justicia debe operar sobre este sujeto”, dijo el procurador general del Estado y exministro de Morales, Wilfredo Chávez.
Camacho fue clave en impulsar la salida de Morales de la presidencia en 2019, tras 14 años en el poder. Ha negado en reiteradas ocasiones haber fomentado un golpe de Estado y prefiere hablar de una rebelión popular contra Evo Morales, a quien acusa de fraude electoral.
La misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó que hubo “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” en los comicios de 2019 en Bolivia, y señaló la imposibilidad de validar los resultados.
Evo Morales renunció en 2019, en medio de una convulsión social luego de que las fuerzas armadas le urgieran a dejar el poder.
Manifestantes causan retrasos en vuelos por disturbios en aeropuerto
Los vuelos se normalizaron ayer jueves en Santa Cruz, la mayor región boliviana, en medio de anuncios de denuncias por los destrozos en edificios estatales y en el aeropuerto internacional de ese departamento. El director de la entidad estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, Elmer Pozo, dijo a los medios que durante las protestas para impedir el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho se registraron daños como vidrios rotos y la pérdida de tarjetas magnéticas y binoculares, con una afectación de alrededor de 50.000 dólares por estos sucesos y por la cancelación de vuelos. El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, denunció que su casa en Santa Cruz sufrió destrozos y el robo de varios bienes. Asimismo, se registraron daños considerables en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz por un incendio que dañó el 90% de la infraestructura, por lo que el edificio podría ser demolido, según los bomberos que trabajaban en la jornada de ayer para enfriar los escombros.