Ecuador celebró ayer elecciones locales marcadas por el asesinato de dos candidatos, en las que también se pronunciaron sobre un referendo que decidirá si se acepta la extradición de connacionales para combatir la criminalidad, entre otros puntos que en campaña fueron rechazados por las comunidades indígenas por considerar que darán más poder al gobierno.

Unos 13,4 millones de ecuatorianos estuvieron convocados a las urnas para elegir alcaldes, concejales municipales y prefectos (gobernadores) provinciales, que asumirán en mayo para un periodo de cuatro años.

Lo que está en juego es sobre todo local, pero inevitablemente constituye una prueba para el presidente de derecha Guillermo Lasso, en el poder desde 2021, y cuya impopularidad ha alcanzado récords: 80% según una reciente encuesta.

La votación se desarrolló en un contexto de creciente violencia criminal en el país, ligada al narcotráfico.

El sábado fue asesinado un candidato a alcalde de un pueblo costero. Omar Menéndez, de 41 años, era candidato en Puerto López (oeste) por el movimiento opositor Revolución Ciudadana, afín al exmandatario Rafael Correa (2007-2017).

Hace 15 días, otro candidato municipal, Julio César Farachio, aspirante a la alcaldía de la localidad costera de Salinas (suroeste), también fue muerto a tiros.

La votación de ayer también era para elegir a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que nomina al fiscal y al contralor.

En paralelo, los electores se pronunciaron sobre ocho cuestiones, en el marco de un referendo convocado en noviembre por Lasso, sobre diversos temas de seguridad, política y medio ambiente.

En el centro del debate está la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional. En Ecuador está prohibida la entrega de connacionales desde hace ocho décadas.

El Ejecutivo sostiene que la extradición será una herramienta para combatir y desmantelar más de una veintena de bandas criminales, algunas con nexos con cárteles mexicanos según autoridades. El objetivo no declarado es la extradición a Estados Unidos de los narcotraficantes, quienes correrían el riesgo de permanecer allí presos muchos años, en duras condiciones y sin posibilidad de corromper a sus guardias. Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, aplica esta medida desde la década de 1990.

En Ecuador, al tiempo que ha crecido el narcotráfico (200 toneladas de droga incautadas en 2022), ha aumentado la violencia. Las cárceles son escenario de sangrientas y recurrentes masacres entre bandas de presos rivales. Y en un país de 18,2 millones de habitantes, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes casi se duplicó entre 2021 y 2022, pasando de 14 a 25.

El gobierno de Lasso impulsa también en el referendo la reducción del número de legisladores (actualmente de 137 en la unicameral Asamblea Nacional).

“El gobierno ha tratado de posicionar dos cuestiones fundamentales. Una es la inseguridad con la pregunta sobre extradición y la otra sobre la reducción del número de asambleístas”, dijo el politólogo Santiago Cahuasquí, de la Universidad Internacional Sek.

El referendo también aborda iniciativas como el control a movimientos políticos y el retiro de facultades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), así como la incorporación de los sistemas hídricos a las áreas protegidas, para luchar contra la minería ilegal, y la entrega de compensaciones para quienes protejan el medioambiente. Pero los indígenas acusan a Lasso de haber dejado que se explotaran los recursos naturales.

En caso de que se aprueben las reformas constitucionales, la Asamblea Nacional tendrá un año para implantar los cambios.

La jornada se desarrolló en un contexto político de frágil gobernabilidad, en una economía marcada por la desigualdad y la pobreza, e inseguridad por la presencia del crimen organizado.

La elección de autoridades locales también podría incidir en la gobernabilidad en Ecuador, donde tres presidentes fueron derrocados entre 1997 y 2005.

El ente electoral tiene diez días para el conteo de los votos y proclamará los resultados tras resolver posibles impugnaciones.