El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Orlando Aguirre, rechazó la alusión hecha el viernes por el presidente del país, Rodrigo Chaves, a un “golpe de Estado judicial”, en el marco de un inédito proceso que lleva adelante el Legislativo sobre el levantamiento del fuero del mandatario.
“Una vez más, levanto la voz en defensa de la institucionalidad y la democracia. Desde el Poder Judicial, rechazamos con firmeza la pretensión de catalogar el proceso que enfrenta el presidente de la República como un supuesto ‘golpe de Estado judicial’, así como los insultos lanzados contra personas magistradas y fiscales”, expresó Aguirre en un comunicado ayer sábado.
El presidente de la Corte Suprema aseguró que las acciones desarrolladas por el Poder Judicial “cumplen con los requisitos legales y se han llevado a cabo con absoluta transparencia y de forma independiente”.
En una audiencia ante la Comisión legislativa que estudia el levantamiento del fuero de Chaves por un presunto caso de manejo irregular de fondos, el jefe de Estado calificó la acusación en su contra como un “montaje político” y un “intento de golpe de Estado judicial”. “Aquí estoy frente a ustedes costarricenses y señores diputados acompañado por un pueblo que me apoya enfrentando un intento de golpe de Estado judicial”, expresó Chaves tras lanzar duras críticas al fiscal general, Carlo Díaz, a la Corte Suprema de Justicia y al Poder Legislativo. (ver columna). El presidente de la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado a la ciudadanía para que “ejerza un espíritu crítico frente a discursos que buscan confundir” y que “confíe en el sistema democrático y de justicia que, por décadas, ha sido pilar de la paz social y la estabilidad”.
Acusación
El presidente Chaves está acusado del delito de concusión, que sanciona con penas de 2 a 8 años de cárcel al funcionario público que, al abusar de sus funciones, “obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o beneficio patrimonial”.
La acusación señala la responsabilidad del presidente en un delito de concusión (abuso de poder para favorecer a alguien) en la contratación, aparentemente a la medida, para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación para la Presidencia con 405.000 dólares donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Según la acusación, el comunicador Cristian Bulgarelli, propietario de la empresa, habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación, luego de sostener reuniones en la Casa Presidencial.
La Fiscalía también acusó al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez, quien para el momento de los hechos investigados se desempeñaba como jefe de Despacho del presidente Chaves, así como a Federico Cruz, quien fue asesor de la campaña electoral y personal del mandatario, y quien habría recibido 32.000 dólares del dinero del BCIE.
La Comisión que estudia el levantamiento del fuero presidencial deberá emitir un informe para que el Plenario Legislativo vote si le levanta o no el fuero a Chaves. Para remover el fuero es necesaria una mayoría legislativa calificada de 38 votos (dos terceras partes de los diputados).
Denuncia
El presidente Rodrigo Chaves denunció un “intento de golpe de Estado judicial”, al comparecer ante una comisión del Congreso que debe recomendar al plenario quitarle o no la inmunidad para procesarlo por corrupción.
Esta es la primera vez que un presidente de Costa Rica enfrenta un pedido de desafuero, el cual fue aprobado por la Corte Suprema el 1 de julio y sobre el que ahora debe resolver el pleno de la Asamblea Legislativa unicameral, controlada por la oposición.
Chaves, señalado por sus críticos de no respetar la independencia de poderes, calificó el caso como un “montaje” y “mentiras” del fiscal general, Carlo Díaz.
Declaraciones del presidente
"Compatriotas, ¿ustedes de verdad creen que este caso tenga algún sentido, más allá del servilismo de un fiscal incompetente, torpe, sirviendo a la red de cuido que le manipula?”, cuestionó el presidente costarricense Chaves.
El mandatario agregó que tras 36 años de servicio en el exterior ahora se enfrenta a la élite política del país, a la que calificó de “casta putrefacta y corrupta”.
“Me he atrevido a denunciar al Estado profundo y ahora quieren vengarse o quieren castigarme o quieren amordazarme con un montaje descarado”, afirmó.
El abogado de Chaves, José Villalobos, quien presentó sus argumentos ante la comisión después del presidente, aseguró que “no hay motivo suficiente, no hay base razonable” para que se le retire la inmunidad al mandatario. “Para esta defensa, esta pieza acusatoria no contiene los requisitos mínimos para que ustedes puedan recomendar una remoción de fuero”, expresó.
En sus conferencias de prensa, Chaves suele descalificar a partidos de oposición, jueces, fiscales y diputados, y ataca a la prensa crítica. Sus detractores le señalan una deriva autoritaria.
Levantamiento de la inmunidad
La Corte Plenal acordó, el pasado 1o. de julio, por 15 votos a favor y siete en contra, “trasladar a la Asamblea Legislativa la solicitud del levantamiento del fuero” de “inmunidad” del presidente.
La comisión legislativa tiene plazo hasta el 28 de agosto para emitir un informe en que recomiende o no el levantamiento de los fueros. Puede extenderse hasta por 20 días.
EFE, AFP / San José