NEUQUÉN | EFE
La convulsión social seguía ayer en la provincia de Neuquén tras el asesinato de un maestro durante la represión policial de una marcha y crece la crisis que ahoga las aspiraciones presidenciales del gobernador Jorge Sobisch, opositor a Néstor Kirchner.
Manifestaciones populares mantienen bloqueos en los puentes que conectan la provincia hacia el norte y el sur en tanto crecen las adhesiones a la marcha que se realizará mañana frente a la gobernación para repudiar la represión.
Carlos Fuentealba, un docente de 40 años, murió el jueves tras agonizar un día luego de que un policía le disparase con su arma lanzagases a corta distancia, durante la represión a una manifestación de maestros que reclamaban aumentos salariales.
Por el hecho fue detenido Darío Poblete, un sargento de la policía neuquina que purgó una condena en 1997 por "apremios ilegales" y tiene otra de 2006 por "vejaciones" a detenidos, aunque una apelación de esta última le permitió seguir en servicio.
Diputados provinciales opuestos al gobernante Movimiento Popular Neuquino exigieron la renuncia de Sobisch a quien acusaron de incurrir en "irresponsabilidad y soberbia" y anunciaron que impulsarán un pedido de juicio político.
Pintadas con la leyenda de "asesino" aparecieron en viviendas y locales comerciales de la capital neuquina, propiedades de, presuntamente, el gobernador.
Los docentes esperan una masiva respuesta a la huelga nacional de maestros convocada para mañana, protesta apoyada por la opositora Central de Trabajadores Argentinos (CTA).
La huelga también contó con la adhesión de la Confederación General del Trabajo (CGT, peronista) que llamó a un paro de actividades durante una hora el lunes, aunque algunos gremios decidieron extender la protesta.
En la capital la huelga afectará por varias horas el servicio de metro, que utilizan a diario más de un millón de personas. Varias provincias decretaron una jornada de duelo.
Sobisch, un fuerte caudillo provincial candidato presidencial por la oposición para los comicios generales de octubre, deslindó responsabilidades en los hechos, aunque admitió haber ordenado la represión.
El gobierno nacional desestimó a posibilidad de intervenir la provincia.