Bajar edad de imputabilidad en debate

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BUENOS AIRES | GDA/LA NACIÓN Y

AGENCIAS

Con el impulso evidente del impactante asesinato de Daniel Capristo, el Congreso argentino debate la creación de un nuevo régimen penal juvenil, tendiente a permitir el procesamiento y la condena de adolescentes a partir de los 14 años.

El proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil comenzó a ser analizado esta semana en el Congreso argentino. La Comisión de Legislación Penal de la Cámara Baja trató el tema pero, más allá de las intenciones, sólo se acordó pasar los proyectos al análisis de los asesores y la convocatoria a expertos para que sigan afinando un proyecto "de consenso". Distinta es la perspectiva en el Senado, que espera el martes próximo aprobar en comisión una iniciativa acordada entre el PJ y la UCR, y tratarla en el recinto el día siguiente.

En el debate quedaron claros, en líneas generales, consensos alrededor de la creación de un nuevo régimen penal que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, dentro de un esquema que contemplaría infraestructura para atender la problemática de la minoridad y un sistema de justicia autónomo con garantías constitucionales para los menores infractores. El proyecto consensuado podría reflejar situaciones diferenciadas para los grupos de 14 a 16 años y de entre 16 y 18.

El ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró ayer que el gobierno no obra "por espasmos" al impulsar un proyecto de baja de la edad de imputabilidad penal, y sostuvo que el tema tampoco está influenciado por las próximas elecciones legislativas. "No nos conducen las elecciones ni el espasmo", subrayó Fernández, al ser consultado sobre esta iniciativa, anunciada poco después del crimen del vecino de Valentín Alsina Daniel Capristo, asesinado salvajemente de 9 balazos, por el cual se detuvo a un menor de 14 años. En este sentido, subrayó que "desde el 17 de marzo de 2008 venimos trabajando en una comisión sobre una ley penal juvenil, y no nos hemos detenido un solo segundo", afirmó.

El ministro consideró que "un menor de 14 años sabe que está prohibido robar y matar", y por eso se lo debe juzgar. "Si no hizo nada se va a su casa, si cometió una falta leve tendrá una pena leve, y si fue una falta grave tendrá una pena grave".

La presidenta Cristina Kirchner reclamó por su parte que no se utilice políticamente "la muerte y el dolor" de las víctimas de la inseguridad, lanzó duros cuestionamientos contra la prensa y rechazó el muro que pretendió instalar el intendente de San Isidro, Gustavo Posse. "Las claves (para combatir la inseguridad) deben ser la gobernabilidad democrática, no soluciones mágicas y por sobre todo, no utilizaciones políticas de la muerte y el dolor", aseveró en Olivos al presentar un proyecto para unificar las bases de datos con las identidades de personas buscadas por la justicia. Destacó la necesidad de que "los tres poderes del Estado" trabajen juntos para combatir "el delito y la inseguridad".

La mayoría de los países de América Latina ya tienen saldado en su legislación el régimen de penas para menores. Argentina es una excepción en la región pues si bien la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989 fue ratificada y tiene rango constitucional, aún no fue modificado el régimen penal para los menores sancionado durante la última dictadura. Brasil, en 1990, fue el precursor en adaptar su legislación al artículo 40 de la CIDN, que propone garantías procesales y un modelo especializado de atención para los adolescentes que hayan infringido la ley penal, diferenciado del sistema de justicia penal para adultos. En ese país, el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia fijó la edad de imputabilidad en 18 años y creó un sistema de justicia especial para los menores de entre 12 y 17 años. A partir de esta experiencia países como Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Ecuador y Honduras fueron modificando sus respectivas legislaciones. En Uruguay -donde también se debate bajar la edad de imputabilidad- la legislación penal para menores está estipulada en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece un régimen especial para jóvenes de entre 13 y 18 años. Los castigos surgen de un proceso diferente, la pena máxima es de 5 años y hay medidas sustitutivas.

Buenos Aires | La central sindical CTA reclamó ayer la convocatoria urgente del Consejo del Salario, la prohibición de los despidos durante 180 días y un aumento de emergencia, durante una jornada nacional de lucha contra los efectos de la crisis en Argentina. La jornada incluyó decenas de paros y movilizaciones que involucraron especialmente a la administración pública, los organismos estatales y la atención hospitalaria.

Los empleados bancarios también marcharon por el centro de la ciudad de Buenos Aires en demanda de aumentos salariales y anunciaron que profundizarán sus medidas de protesta la semana próxima. A su vez, la Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas dispuso un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras salariales y contra las despidos en el sector, lo que puede reducir sustancialmente el abastecimiento de combustibles.

Hugo Yasky, titular de la CTA, afirmó que la jornada de protesta puede constituir "un preámbulo de un paro general" para que cambien las políticas económicas del gobierno argentino. ANSA