Redacción El País
Verónica Acosta, una mujer de San Luis (Argentina), fue a cobrar como cada mes la pensión alimentaria de uno de sus cuatro hijos. Al abrir su cuenta bancaria, en lugar de los 8.000 pesos argentinos que suele cobrar, recibió más de $ 500 millones argentinos (unos U$S 428 mil).
Que la mujer recibiera la enorme cantidad de dinero se debió a un error administrativo del gobierno de San Luis.
“Yo estaba esperando una transferencia de $8000 del padre de mi nene. Bueno, me encuentro con este dinero y con tanta necesidad me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Pensé que era un regalo de Dios”, expresó la mujer en diálogo con FM Latina.
“En el primer momento, no pude entender la cifra. Llegó la plata y para mí eran 500.000 pesos y después me di cuenta de que eran millones”, explicó.
Ante la pregunta del periodista sobre qué hizo cuando se dio cuenta de que eran millones de pesos, dijo: “Compré cosas que ya se han devuelto y también repartí en la familia. Fui dos veces al supermercado, compré electrodomésticos y después volví a ir”.
Acto seguido, Acosta enumeró los productos que adquirió: “Una heladera, dos televisores (uno para ella y otro para la cuñada), una freidora, un microondas, cosas de la casa. Compré cerámicos, una mochila de inodoro y un auto”.
Tras ello la mujer insistió con que no sabía que se trataba de dinero proveniente de las arcas del Estado provincial. “Lo usé para necesidades urgentes”, concluyó al respecto.
Más detalles sobre el cobro de dinero por equivocación
"Yo tenía que recibir por la cuenta judicial de mi nene 8.000 pesos, de la cuota alimentaria, y me encontré con esta cifra", detalló la mujer más tarde en diálogo con TN.
Consultada por qué hizo cuando vio la cifra millonaria, Acosta detalló que "no decía de donde venía. Decía ‘Data’, no tenía remitente".
Al ver que el banco no bloqueaba el monto, la mujer comenzó a hacer compras de cosas que necesitaba: "El piso, una mochila para el inodoro, alimentos, ropa, juguetes para los niños" e hizo transferencias a su familia.
"En el momento pensé que se me había trabado la cuenta del banco en el celular. Pruebo a transferirme a mi cuenta de Mercadopago y pensé que si era del banco, automáticamente me la sacan. Pero no, hice las compras, repartí a mi familia y al otro día me congelan las cuentas y al rato me allanaron", detalló la mujer.
El allanamiento por estafa
Al día siguiente de que la mujer recibiera por error el dinero y gastara prácticamente la totalidad, la Policía llegó a su casa a allanarla y la fiscal Daniela Torres le anunció que estaba siendo indagada por estafa. "Hizo que me esposen frente a mis hijos y que me lleven al penal", lamentó Acosta.
Su abogado, Hernan Echeverría, aseguró que ella no cometió ningún delito. "Ella es acusada de defraudación con tarjetas de débito y de crédito, pero ella era titular de esas tarjetas, por lo que estaba legitimada para poderlas usar. (...) Está imputada por estafa, pero ella no causó esta situación, entonces no califica como estafa. Y otra es la de retención indebida de los fondos del Estado, pero nosotros entendemos que para que pase esto tiene que haber una notificación de situación en mora, eso tampoco nunca pasó", detalló.
El origen del error
El hecho ocurrió el 6 de mayo cuando Acosta, oriunda del municipio de Villa Mercedes, recibió más de $500 millones provenientes del gobierno provincial. El error fue rápidamente identificado por el tesorero de la administración local que realizó el depósito, quien luego denunció el episodio. Sin embargo, en el interín, la mujer realizó 66 transferencias, compró un auto, una heladera, dos televisores, un microondas, una freidora y una mochila de inodoro.
Según publicó La República,el gobierno puntano logró congelar la cuenta y luego ordenó una serie de allanamientos y el secuestro de bienes de todos los implicados. Tras ello, la Justicia ordenó la imputación de la mujer y cinco allegados suyos identificados como Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil por defraudación al Estado, retención indebida y otros delitos.
A pesar de la equivocación, se logró recuperar más del 90% del dinero transferido. Es que parte de ese dinero devuelto voluntariamente, mientras que otras cuentas lograron ser bloqueadas. De acuerdo a lo informado por el medio local, toda la transacción fue digital, por lo que el restante es rastreado por las autoridades en billeteras virtuales secuestradas.
Según expresó la fiscal Daniela Torres, a cargo de la causa, se trató de una “maniobra delictual”, que tuvo como objetivo vaciar la cuenta en beneficio propio. Por su parte, la jueza Subrogante del Juzgado de Garantía Nº 3, Antonela Panero, resolvió que tanto Acosta como sus cinco familiares deberán pagar $30 millones en el lapso de tres días hábiles y en concepto de fianza para evitar su detención.
A raíz de ello, la defensa apeló la imputación y el monto establecido a modo de caución, el cual calificó de “exorbitante e imposible de cumplir”.
“Son personas humildes, sin antecedentes, con domicilio, que nunca actuaron de mala fe. No se trata de una red de estafadores. Fue un error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes”, alegó, al medio local, la defensa a cargo del abogado Hernán Echevarría.
Con información de La Nación/GDA