La Nación/GDA
Un empresario argentino radicado en Asunción y su esposa, una exmodelo de alta exposición pública a principios de los años 2000, quedaron implicados en una investigación que dejó al descubierto la mayor operación de tráfico internacional de armas hacia el Cono Sur, destinada a dotar de alto poder de fuego a las principales células del crimen organizado brasileño. La trama involucra la detención de altos rangos militares paraguayos y promete destapar un nicho de corrupción que podría provocar un terremoto político en Paraguay.

La presunción es que, gracias a la compleja maniobra que tenían en aceitado funcionamiento, lograron ingresar desde Europa más de 25.000 armas en la última década, material que habría terminado en manos de las más poderosas organizaciones criminales brasileñas, como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).

Según informaron a La Nación fuentes de la pesquisa, los dos argentinos bajo sospecha son Diego Hernán Dirisio y Julieta Vanessa Nardi Aranda. Ellos figuran en una lista de 20 órdenes de captura que incluye a militares de alto rango en Paraguay y a un “cambista” cuyo rol fue clave para el movimientos de los fondos para concretar la maniobra de tráfico. Ya fueron arrestadas 13 personas, entre ellas, un general que llegó a ser comandante de la Fuerza Aérea guaraní y un exjefe del órgano rector de control de armas en ese país.

La pareja argentina no estaba en su imponente vivienda cuando los policías de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay irrumpió para arrestarlos, por lo que, técnicamente, están prófugos. Se espera que en las próximas horas la Justicia paraguaya pida a Interpol que emita las respectivas circulares rojas para promocionar la captura de Dirisio y Nardi en cualquier parte del mundo.

Foto: Diario Popular (Paraguay)

Uno de los detenidos es el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, exjefe del Registro Nacional de Armas de la Dimabel. El otro militar arrestado, según informaron medios de prensa paraguayos, es el general del Aire Arturo Javier González, que era presidente de la Suprema Corte de la Justicia Militar y llegó a ser comandante de la Fuerza Aérea del país, al punto de haber sido condecorado este año. En su poder encontraron cerca de 1000 millones de guaraníes, algo más de 135.000 dólares. También cayeron el general José Antonio Orué (exdirector de la Dimabel), la teniente 1ra de Justicia Militar Cinthia María Turró Braga (exasesora del Registro Nacional de Armas) y la capitana Josefina Cuevas Galeano, exjefa de la División Importación de la Dimabel.

Los voceros explicaron que la llamada Operación Dakovo fue fruto de “más de un año de una investigación conjunta entre la Senad y el Ministerio Público de Paraguay, la Policía Federal de Brasil y el Homeland Security norteamericano” con la que se apuntó a “la desarticulación de un gran esquema de tráfico internacional de armas de procedencia europea a Paraguay y posteriormente a las facciones criminales más peligrosas del Brasil”.

El armamento provenía de Croacia, Eslovenia y República Checa –naciones que desarrollaron importantes industrias de armamentos en los tiempos en que formaban parte de los países de la ex Cortina de Hierro del este europeo– y llegaba a Asunción a través de importaciones concretadas por la empresa International Auto Supply (IAS), cuyo presidente es Dirisio.

Según fuentes de la investigación, IAS se dedicó hasta 2012 a la importación de autos. Pero a partir de ese año viró el foco de su negocio hacia las armas ligeras. Dado que, por ser reconocida como parte de una ruta de contrabando hacia el crimen organizado brasileño, Paraguay tenía vedado el acceso al mercado de armas norteamericano, la organización se orientó a negociar con las fábricas de Europa del este.

Foto: Senad

Tal como surge de la investigación, IAS obtenía rápidos permisos de importación a través de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), el máximo órgano rector en materia de control de armas de Paraguay. Se trataba –según los pesquisas del caso– de “la autorización irregular para la importación de armas, alteraciones documentales para ajustar a la ley de armas, así como autorizaciones para las ventas irregulares a cambio de grandes sumas de dinero por parte de la empresa en cuestión, entre otras maniobras”.

La presunción es que la organización importaba tipos de armas por pedido. Tramitaban los permisos con sus contactos en Dimabel. Los detectives del caso tienen indicios de que, en las verificaciones, los funcionarios de la dirección encargada del control del material bélico inspeccionaba “las de gran calibre, que eran adecuadas para ajustarse a la ley de armas”, y luego “verificaban la documentación”.

Un aviso de que algo grave ocurría es que el 3 de noviembre pasado entró en vigor el Decreto del Poder Ejecutivo N°642 que suspendió las importaciones de armas de fuego y municiones, y, al mismo tiempo, comenzó a regir la Resolución N°602, que estableció “el proceso de revalidación de las autorizaciones de importación que cumplan con los presupuestos determinados en el decreto”.

Por estas horas, policías de la Senad realizaban decenas de procedimientos en varias viviendas y presuntos locales de “caza y pesca”, tanto en Asunción como en Ciudad del Este, donde se realizaban las ventas, a través de facturas falsas, supuestamente a ciudadanos particulares paraguayos, aunque el armamento era, desde allí, directamente desviado a Foz de Iguazú a través de intermediarios con el crimen organizado.

También hubo 20 allanamientos en Brasil (en seis Estados, donde ya se secuestraron unas 700 armas) y un operativo en Kansas, Estados Unidos, donde estaba radicado uno de los operadores financieros del grupo, que se encargaba de recibir el dinero que le enviaba desde Paraguay el supuesto doleiro Ricardo Luis Morra Gadea –arrestado esta mañana– para girar desde aquella ciudad del centro norteamericano los fondos a los proveedores europeos, según se informó.

Foto: Senad

Los investigadores explicaron que la empresa dirigida por Dirisio, “mediante sus conexiones con la Dimabel, tenía facilidades para importar armas procedentes de Croacia, Eslovenia y República Checa. Las mismas recibían rápidas autorizaciones para la importación y posterior venta”.

Desde 2012, la empresa IAS ya importó 25.000 armas que supuestamente fueron vendidas en Paraguay, pero que fueron desviadas hacia “los polos de violencia del crimen organizado en Brasil y toda la frontera”.

Esos lotes de armas “eran adquiridos por intermediarios con conexiones directas con facciones criminales en todo el Brasil. Para justificar las supuestas transacciones se simulaban pequeñas ventas de dos a tres armas a personas que no tenían capacidad financiera, muchas de ellas, empleadas, jornaleros o estudiantes”. En algunos casos, los “compradores” recibían “pequeñas sumas de dinero por acceder a la maniobra, y en otros eran utilizadas sus identidades sin su consentimiento”.

Para que los pagos no pudieran ser rastreados, la organización criminal hacía uso de “doleiros”, cambistas informales que operaban interconectados entre Paraguay y los Estados Unidos. “‘Pulverizaban’ grandes sumas de dinero en pequeñas transacciones menores a 5000 dólares en diferentes cuentas que finalmente volvían a agruparse para realizar los pagos desde los Estados Unidos”, se explicó. El objetivo de esa “atomización” era el de realizar operaciones “menores” que no llamaran la atención de las autoridades ni encendiera alarmas en los circuitos internacionales de persecución del lavado de dinero.

Antes de ser enviadas a Brasil, a las armas se les suprimían los números de serie, para evitar el rastreo y trazabilidad. Esta tarea se realizaba en Ciudad del Este, según se informó.

El esquema funcionó durante años sin contratiempos. Hasta que en 2020 fue incautada, en una redada en el sur del estado brasileño de Bahía, un fusil al que no se le había borrado la numeración. Eso permitió rastrear su origen y ubicar su punto inicial en una de las fábricas de armas europeas. Desde allí se siguió el rastro hasta Asunción.