Por Evangelina Himitian/La Nación/GDA
Si se aprueba el texto de la ley ómnibus tal como fue enviada al Congreso, al finalizar la secundaria los estudiantes argentinos deberán rendir un examen para acreditar su nivel de desempeño. Será una prueba censal, es decir para medir el nivel general, pero será un dato que la persona podrá incluir en su currículum vitae. No se habló hasta ahora si condicionará su ingreso a la universidad.

Además, se incorporarán mecanismos de evaluación y revalidación de conocimientos, tanto para alumnos como docentes, y los padres podrán acceder a los resultados de los métodos de evaluación colectiva, como las pruebas Aprender, para conocer el desempeño de sus hijos y de la escuela a la que los envían.

Otro de los cambios será que para ingresar a la universidad pública se podrá optar por un examen o un curso de nivelación y que los estudios de grado en las universidades públicas seguirán siendo gratuitos para los argentinos y extranjeros residentes permanentes, pero se podrá cobrar una cuota a extranjeros que vayan a estudiar, aunque se podrá implementar un sistema de becas financiado por convenios con otros países o instituciones privadas extranjeras. También se habilitará un mecanismo para que se pueda optar por la modalidad de homeschooling (educación en casa) a partir de cuarto grado del nivel primario, entre otros importantes cambios.

Esto surge del texto que envió al Congreso el Gobierno de Javier Milei. Según pudo saber La Nación, la mayoría de los cambios propuestos en educación fueron impulsados por el equipo de Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central y gran impulsor detrás de las reformas propuestas.

Foto: La Nación/GDA

“Se impulsan cambios en el sistema educativo, con un examen integrador al finalizar la educación secundaria, y la posibilidad que los padres puedan tener conocimiento de las notas de sus hijos, y de cómo estas y las de su colegio comparan con las del resto del país. Se permite que los profesionales no docentes puedan participar del proceso educativo y se prohíbe el ingreso de personas sin secundario completo en la educación superior. Finalmente, respetando fielmente el principio de gratuidad de la educación universitaria para argentinos y extranjeros residentes, se autoriza a que las universidades que lo deseen puedan arancelar la educación de extranjeros no residentes”, dice el texto en sus primeras páginas.

Uno de los mayores cambios es que se modifica el artículo de la Ley de Educación Superior y habilita el cobro de un arancel a los extranjeros que viajen para estudiar al país. A la vez, garantiza la gratuidad de las universidades públicas para todos los argentinos y para los extranjeros que tengan un DNI argentino permanente, que se obtiene al tener una residencia permanente en el país. Los requisitos son haber vivido dos años en el país en el caso de migrantes de países del Mercosur y tres años para los países extra-Mercosur, así como haber hecho el trámite correspondiente

Para los extranjeros con residencia temporaria, el texto no las arancela automáticamente, sino que habilita a que cada universidad pública determine si cobra o no. “Podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que reúnan los requisitos”, dice el texto.

También agrega que las universidades podrán “firmar convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión”. Además, podrán fomentar mecanismos de intercambio y generar de esa forma sistemas de becas para los extranjeros que vengan a estudiar en el país.

Otro de los cambios que traería esta ley, si se aprueba, en materia de educación es que solo podrán acceder la universidad aquellos que completen sus estudios secundarios. La ley vigente hasta ahora permite que los mayores de 25 años que acrediten los conocimientos básicos puedan acceder a estudios de grado. Esto quedaría sin efecto.