El Gobierno argentino apeló el fallo del juez en lo administrativo Martín Cormick que suspendió el uso protocolo antipiquetes, informaron fuentes del Ministerio de Seguridad. “La sentencia judicial queda suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación”, dijeron fuentes de la cartera.
El fallo que cuestiona el Poder Ejecutivo, dictado por el juez Cormick, hizo lugar a un amparo colectivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que pedía la “nulidad absoluta” de todos los artículos de la Resolución 943/23, por la cual el ministerio que por entonces conducía Patricia Bullrich creó la herramienta que le permitió mantener despejadas las calles ante protestas no multitudinarias.
El juez sostuvo que mediante la resolución y bajo la apariencia de “instruir” a las fuerzas de seguridad, el Poder Ejecutivo se inmiscuía en asuntos legislativos.
“La Resolución 943/23 conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto bajo la apariencia de ‘instruir’ al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo”, dijo el juez.
En el ministerio que desde la salida de Bullrich conduce Alejandra Monteoliva respaldaron el protocolo. “Ni un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El Protocolo es legítimo y se cumple. En esta Argentina, ley y orden”, afirmó el comunicado oficial.
“Desde su implementación -agregó-, el Protocolo permitió garantizar la libre circulación y que las calles vuelvan a pertenecer a quienes eligen trabajar, circular y vivir en libertad. El Protocolo no prohíbe, ordena. Hay derecho a manifestar y peticionar, pero es con orden y respeto a la libre circulación y el derecho a ejercer el comercio entre muchos otros. Sin Protocolo vuelve el caos y el desorden. Con Protocolo hay orden, convivencia y reglas claras para todos.”
Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS, la ONG que promovió la demanda contra el protocolo, dijo que, pese a que la concesión del recurso suspende los efectos del fallo, el Gobierno debería “abstenerse de aplicar el protocolo” porque así lo impone la buena fe procesal. “El Gobierno debería preocuparse por respetar el fallo de un juez que dijo que la regulación es contraria a derechos constitucionales”, afirmó.
La Nación (GDA)
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