Argentina sube derecho de exportación de soja

SUBA DE PRECIO INTERNACIONAL

Argentina, principal proveedor mundial de aceite y harina de soja, elevó de 31% a 33% los derechos de exportación de estos productos, pero no aumentará los impuestos a las ventas externas de trigo, soja, maíz y aceite de maíz, anunció ayer sábado en conferencia de prensa el ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

El lunes pasado, Argentina había decidido la suspensión temporal de exportaciones de harina y aceite de soja, en medio de la escalada de precios de las materias primas en el mercado internacional.

El alza de 31% a 33% vuelve los derechos de exportación al nivel previo a octubre de 2020, cuando se benefició a las empresas del sector, en medio de la pandemia del covid-19.

Esa medida “alcanza a 11 empresas exportadoras de subproductos de soja, de las cuales ocho firmas representan el 95% del total de exportaciones” pero no afecta a los productores, a los que “ya les descuentan 33%”, precisó el ministro.

Según datos de 2021, la harina de soja fue el principal producto de exportación del país sudamericano (14,2%) y el aceite de soja, el tercero (6,9%). El complejo sojero representó en 2021 el 30% de las exportaciones argentinas y aportó al fisco unos 9.000 millones de dólares en impuestos a la exportación.

Domínguez se refirió además a la creación de un Fondo Temporal de Estabilización del Trigo, publicado ayer en el Boletín Oficial, que será administrado por la secretaría de Comercio Interior, no dependiente de la de Agricultura.

El gobierno busca “estabilizar el precio del trigo a valores prebélicos y desacoplar el precio argentino de los precios internacionales”, dijo Domínguez al sostener que el valor del cereal aumentó 37% como consecuencia de la guerra en Ucrania.

Aclaró que el gobierno “no tocará las retenciones al maíz, trigo, soja y aceite de maíz”, al considerar que cada vez que se aumentaron esos impuestos “Argentina cayó en su intención de nivel de siembra”.

Las medidas se enmarcan en la decisión anunciada por el presidente Alberto Fernández de librar un fuerte combate contra la inflación, que supera 50% en los últimos 12 meses, tras obtener el visto bueno del Congreso a un acuerdo de refinanciación de la deuda con el FMI por unos US$ 45.000 millones. Según Domínguez, el gobierno tiene dos objetivos: “tratar de cuidar a los consumidores y no perjudicar a los productores argentinos”.

“Estamos trabajando para darle a la gallina de huevos de oro que es el productor argentino, la previsibilidad y la confianza que requiere”, agregó. En ese marco, se resolvió “abrir los registros de exportaciones por un total de ocho millones de toneladas de trigo, que se suman a los dos millones” en búsqueda de que la cosecha 2022-2023 sea un nuevo récord, subrayó.

De este modo, se busca que los productores, hasta ahora críticos del gobierno, puedan beneficiarse de los altos precios internacionales. Argentina se ve beneficiada por el alza internacional del precio de las materias primas, pero la fuerte demanda presiona los precios internos de los alimentos, uno de los rubros que más incide sobre la inflación, que fue de 50,9% en 2011.

Apenas se oficializó la medida, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) indicó: “La suba de derechos de exportación no tiene legalidad dado que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral”.

Ciara alertó: “Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho decreto”.

De acuerdo a los representantes del sector aceitero, el Gobierno tenía opciones diferentes al castigo impositivo, como la activación de “mecanismos directos de compensación a los sectores vulnerables”, la aplicación de “rebajas temporales de IVA” y la “asistencia a productos farináceos y aceites que son los más impactados por las subas internacionales”. También la apertura de nuevos cupos de exportación para registrar ventas futuras.