Dragas de la Administración Nacional de Puertos no trabajaron en ocasiones pese a tener tripulación

El Directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP) tratará el próximo jueves la denuncia del convenio laboral con el Sector Dragado, cuya vigencia finaliza el 1 de enero de 2026.

El organismo público cuenta con 90 días de plazo para impugnar dicho convenio, el que fue cuestionado en varios informes de reparticiones de la ANP por los “bajos rendimientos” de las dragas de la entidad estatal, según supo El País.

La denuncia del convenio con el Sector Dragado, según trascendió en la ANP, fue dispuesta por la propia ministra de Transporte, Lucía Etcheverry.

Foto: Leonardo Maine/Archivo El País.

En la reunión del próximo jueves, el Directorio de la ANP analizará informes elaborados por la Unidad Administración Flota y Dragado, la División Operativa, y el Departamento Flota y Dragado, que dan cuenta sobre aspectos del convenio que “dificultan” la operativa continua de las campañas de dragado en régimen especial.

Uno de esos aspectos, según los documentos, es la existencia de tripulación en las dragas en una “cantidad superior” a la establecida en el Certificado Nacional de Navegabilidad para una navegación superior a 16 horas.

Los informes también advirtieron sobre la “ausencia de incentivos” para que ante una vacante temporal o imprevista de algún tripulante (accidente laboral, médico, etc.) otro marinero cubra el turno con la compensación correspondiente.

Las dragas estatales tienen que trabajar durante 24 corridas y por eso sus tripulaciones se dividen en tres turnos de ocho horas.

Sin embargo, según los informes, en la actualidad las dragas estatales operan 16 horas cada 24 horas en “gran parte del tiempo” (60% de productividad).

También señalaron que “se ha dado el extremo” de que las dragas trabajaran solo ocho horas en 24 horas (30% de productividad) y también “no poder operar” (sin productividad) teniendo “30 o 31 tripulantes embarcados”.

Es decir, la draga no dragó pese a tener su tripulación completa.

Los documentos coinciden en que estas situaciones “evidentemente contravienen” los objetivos de dragado que deben cumplirse para permitir el atraque y operación de los buques.

“El convenio, que garantiza un importante incremento en los ingresos del personal al Régimen Especial de Dragado, no cuenta con mecanismos que permitan lograr el funcionamiento continuo (de las dragas) y por tanto aumentar la capacidad de dragado de la Flota de ANP”, advierten los informes.

En el legajo también consta que el Área Dragado de la ANP comparte lo informado por sus oficinas técnicas respecto a los “inconvenientes” que han surgido a raíz de la aplicación del referido Convenio. Ante esta situación, el expediente a estudio del Directorio de la ANP sugiere “no continuar” con el convenio de régimen de personal embarcado en dragas firmado con el gremio portuario el 1 de marzo de este año.

El costo de contratar una draga pública también es caro. Según supo El País, una empresa, que pretendía dragar cerca de su muelle, contactó como primera opción a la ANP para hacer el servicio.

El presupuesto presentado por el organismo estatal fue tres veces superior al de una empresa privada pese a que el precio de la compañía incluía el costo de navegación de sus dragas desde Argentina ida y vuelta.

En esa ocasión, la ANP pasó a la empresa contratante el precio de US$ 11 por metro cúbico dragado, mientras que la firma privada ofertó US$ 5,5 el metro cúbico dragado. Otras dos empresas que operan en Uruguay también pidieron precio de servicio de dragado a la ANP y se mantuvo el elevado costo (US$ 11) en comparación con la firma privada. Finalmente, el dragado demandado por las tres empresas fue realizado por la compañía que debió traer dragas desde Argentina.

La decisión del Directorio de la ANP de denunciar el convenio con el Sector Dragado puede generar un conflicto en el puerto. El miércoles 17, el sindicato portuario decretó un paro de 24 horas al trascender un proyecto de resolución del organismo de dejar sin efecto el convenio. En un comunicado, el Suanp cuestionó al Directorio de la ANP señalando que “los acuerdos deben respetarse y la negociación colectiva debe cumplirse”.