Viana concretó demanda por construcción en José Ignacio

El fiscal civil Enrique Viana concretó la demanda preventiva por la construcción de viviendas en el faro de José Ignacio, contra los ministerios de Defensa y Vivienda, y la Intendencia Municipal de Maldonado.

Luego de que el juez Ruben Eguiluz hiciera lugar a la medida cautelar de suspender las obras encaradas por la Armada Nacional en la zona, el fiscal Viana decidió iniciar la demanda para que se los declare responsables del daño al medio ambiente, se les prohíba la ejecución de las obras y se les imponga la recuperación del entorno dañado con la demolición de lo realizado y el retiro de los materiales y la recomposición física para devolver el lugar a la estética tradicional.

La obra iniciada implica la construcción de dos edificios: uno de tres plantas para la Prefectura y otro de dos plantas de cuatro apartamentos para alojamiento de personal de la Armada.

Asimismo, Viana consideró que esa construcción vulnera varios parámetros jurídico ambientales. Por un lado los ministerios de Vivienda y Defensa, y la IMM, autorizando, verificando, tolerando la obra, conspiran en forma directa e indirecta contra la distinción de la República como "país natural".

Agregó que el Estado no ha obrado con previsión y prevención, con ello se violenta una de las pocas áreas protegidas reconocidas por la ley, y la protección del paisaje declarada de interés general ha sido absolutamente desestimada.

PRUEBAS. Como prueba Viana solicitó al juez que pida información en 30 días y bajo apercibimiento a los tres demandados sobre los antecedentes administrativos del tema.

Al Mvotma que incorpore el último informe que Uruguay elevó a la Unesco sobre la denominada Red Mundial de Reservas de Biosfera, al Ministerio de Transporte que presente informe sobre la construcción de instalaciones de la Prefectura de Maldonado, y al Servicio Geográfico Militar que incorpore fotografías aéreas de la costa oceánica de José Ignacio.

También pidió que se intime al Ministerio de Turismo a que informe sobre qué debe entenderse por la marca país "Uruguay natural", y si ha intervenido en este caso.

Viana solicitó que se cite a varios testigos, bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública. Entre ellos pidió la citación del asesor del Mvotma, Marcelo Cousillas, y del prefecto de Maldonado, capitán de Navío Carlos Canclini.

El fiscal pidió por último una inspección ocular de la costa de José Ignacio afectada, relevándose las obras que en el lugar ya hayan sido construidas.

El fundamento de su actuación es el artículo 47 de la Constitución que establece que la protección del medio ambiente es de interés general. La ley expresamente declara la protección del paisaje, la conservación de la configuración y estructura de la costa, y la prevención y mitigación de los impactos ambientales negativos.

El magistrado señaló que la legislación de aguas dispone que sobre las aguas de dominio público y zonas aledañas está prohibido colocar sustancias o materiales que puedan deteriorar al medio ambiente natural.

Agregó que la ordenanza de construcciones del Departamento de Maldonado prohíbe cualquier acto que innove o modifique la actual situación de equilibrio dinámico sobre la faja de protección costera.

En su demanda, el fiscal Enrique Viana señaló que la resolución del Ministerio de Vivienda que autorizó esta obra tiene "una segunda intención (en verdad, la principal)" y es la construcción en el lugar de una terminal de ómnibus. Viana señaló que existe un proyecto de la Intendencia de Maldonado para construir en el espacio que comprende el área que actualmente ocupa el destacamento de la Prefectura a demoler, más todo el territorio que va desde allí hasta al Faro, una terminal de ómnibus, una playa de estacionamiento e inclusive un parador terminando de hacer desaparecer la fisonomía tradicional de todo el entorno afectado".

"... Importa la demolición de ciertas obras, y la construcción de otras, cuyo mayor porte favorece al usuario ", concluyó.