Uruguay y Argentina intercambian acusaciones en OEA

Uruguay y Argentina pusieron hoy de manifiesto en la OEA sus diferencias por la instalación de las dos papeleras, en un intercambio de acusaciones que promete prolongar el conflicto que divide a ambos países.

De un lado, Reinaldo Gargano, el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, se refirió al gravísimo prejuicio ocasionado por los prolongados cortes -orquestados desde el lado argentino- de los puentes que conectan a ambos países, que permanecieron cerrados de forma intermitente.

El país ha perdido a estas alturas alrededor de 400 millones de dólares por intercambios comerciales no concretados, destacó Gargano, quien recordó que el 70 por ciento de la flota de camiones uruguayos circula por esos puentes fronterizos.

La Asamblea Ambiental de la ciudad argentina de Gualeguaychú puso fin este martes al bloqueo en el puente fronterizo General San Martín, con lo que los tres puentes que conectan ambos países están ahora en funcionamiento.

Aún así, Gargano hizo hincapié en que no existe ninguna garantía de que la situación que se ha prolongado durante meses no vuelva a repetirse en el futuro.

El jefe de la diplomacia uruguaya destacó que con su discurso ante la Organización de Estados Americanos (OEA) quería poner de manifiesto ante los países integrantes del organismo panamericano los efectos económicos del bloqueo de vías.

Criticó al gobierno argentino por no frenar esas medidas. "No es creíble que no tienen los recursos necesarios para evitar que esto suceda", destacó.

"Imaginen que este tipo de procedimientos, llevados adelante por personas del ámbito civil, se extiende a otros países", afirmó.

Gargano aseguró que su país se preocupó desde un principio de que las dos empresas que quieren instalar as celulosas en Uruguay cumpliesen con los equisitos necesarios para la protección medioambiental.

El Gobierno argentino teme que las papeleras, que se instalarán a las orillas del río Uruguay, límite natural entre ambos países, contaminen las aguas fluviales, algo que niegan tanto las autoridades uruguayas como las empresas dos firmas implicadas.

La inversión conjunta de la compañía española Ence y la finlandesa Botnia ronda los 1.800 millones de dólares, un monto histórico en Uruguay.

El representante del gobierno de Montevideo afirmó además que los estudios sobre el impacto ambiental de las plantas elaborados hasta ahora por el Banco Mundial, organismo que podría financiar parte de la construcción de las celulosas, son favorables a Uruguay.

La Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo privado del Banco Mundial, no tomará una decisión definitiva sobre si financiar o no las plantas hasta que varios investigadores independientes no concluyan que las celulosas cumplen con todos los requisitos exigidos por la CFI.

Pese a que el conflicto no se ha solucionado, Gargano concluyó que las plantas se van a instalar y que funcionarán con la última tecnología disponible en el sector.

El embajador de Argentina ante la OEA, Rodolfo Gil, señaló que su país había decidido presentar el caso ante el Tribunal Internacional de La Haya ante la negativa de Uruguay de emprender un diálogo constructivo y responder a las peticiones de Buenos Aires sobre garantías medioambientales.

Argentina y Uruguay firmaron en febrero de 1975 el Tratado del Río Uruguay que mantiene que, si alguno de los dos países arroja algo al río o perjudica la calidad de las aguas, debe ser consensuado.

Buenos Aires se escuda en ese artículo para protestar ante el tribunal de la Haya y destaca que ha recurrido a esa medida extrema ante la negativa de la firma finlandesa Botnia -Ence sí aceptó- a suspender las obras durante 90 días para que se realizase un estudio de impacto ambiental en la zona.

El Gobierno del presidente argentino Néstor Kirchner presentará este mismo jueves su queja en La Haya.

EFE