Un nuevo brete para Mujica

ALEJANDRO NOGUEIRA

Otra vez una iniciativa pragmática y hasta razonable del presidente José Mujica afronta la resistencia de funcionarios oficialistas implicados y la ausencia de soporte legal: la designación de "observadores" de los partidos de oposición en los Consejos Desconcentrados comprometida por el presidente es rechazada de plano con argumentos jurídicos y políticos por parte del Codicen, Primaria, Secundaria y UTU.

Varios han sido los intentos del presidente de que se adopten medidas que, en realidad no pueden adoptarse, como fue el caso casi patético de la venta de la estación de nafta de Ancap en Punta del Este o, más grave, el intento de usar reservas del Banco Central para obras de infraestructura.

Varias iniciativas presidenciales, muchas bien inspiradas, carecen de by pass jurídico o levantan resistencias tales en los afectados que, con poder, logran derribarlas.

El cargo de "observador" con voz y sin voto de un partido político para en un Consejo Desconcentrado de la Enseñanza no existe. Ni siquiera en la frondosa nueva ley de educación parece haber resquicios para lograr sentar a un comisario político en un sistema presuntamente autónomo que esa misma ley, -patrocinada por el Frente Amplio y por el sector político del presidente de la República-, tuvo por fin dar más poder a los gremios docentes en el gobierno de la enseñanza en detrimento de las autoridades políticas.

La decisión de acotar la presencia de la oposición en el gobierno educativo a un único miembro en el Codicen antecede a esta chapucera solución de instalar un delegado político en un organismo autónomo y presuntamente apolítico. Más sencillo hubiera sido asumir que la oposición debía estar plenamente representada en todos los niveles de gobierno de la Enseñanza porque ésta es, en términos estratégicos, la principal asignatura pendiente del país y todo el país tiene derecho a estar allí representado y no sólo la mitad.

Además del nuevo brete en que se metió el presidente -no me imagino como honrará su compromiso con los partidos opositores, violentando a los suyos y sin un claro sustento legal- los jerarcas de la educación (políticos y sindicales) están reclamando mayores recursos que los nunca satisfechos gremios docentes. Piedra libre para más paros con apoyo patronal. Y todo esto sin atisbo de autocríticas ni compromisos de gestión que den esperanzas de que la enseñanza va a revertir sus graves carencias, que sólo en parte dependen de los recursos.

Más allá de la arquitectura jurídica que pueda pergeniarse para que la oposición tenga acceso directo a lo que se resuelva en los Consejos y pueda hacer su aporte -porque es un área neurálgica que debe ser obligatoriamente plural, de Estado- la embarrada pelota quedó ahora a los pies del presidente.