SEBASTIAN CABRERA
Durante el año 2003 el Tribunal de Cuentas observó el 19,85% de los gastos de funcionamiento e inversiones realizados por las intendencias municipales y el 4,53% de los gastos de la administración central, de acuerdo a la memoria anual dada a conocer por el organismo de contralor.
El porcentaje es más bajo en otras reparticiones: 2,98% de gastos con observación en las empresas públicas, 0,44% en las instituciones financieras estatales, y 0,23% para las entidades comprendidas en el artículo 220 (Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Anep, Universidad, Iname, y BPS).
Se trata de un problema que se repite año tras año, y no encuentra solución. El tribunal observa gastos y lo comunica a la Asamblea General, pero no existen sanciones. Por eso, los organismos muchas veces vuelven a reiterar los gastos, y todo queda en el olvido.
GOBIERNO. En el caso del Poder Ejecutivo, llama la atención el alto porcentaje de gastos observados sobre total de ejecuciones del ministerio de Economía: 78,16% (1.092.414 pesos). Dicha cartera tiene el dudoso honor de haber sido la repartición estatal con mayor porcentaje de observaciones durante 2003.
En segundo lugar —dentro de la administración central— se encuentra el Ministerio de Trabajo con 14,85% de gastos observados (124.775 pesos), luego el Ministerio de Turismo con 14,15% (18.781 pesos), el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con 13,41% (352.489 pesos), y el Ministerio de Salud Pública con 9,23% (402.023 pesos).
El porcentaje de gastos observados de la administración central durante el año pasado (4,23%) fue superior al del año 2002, de 2,60%.
ALARMANTE. Pero el mayor porcentaje de gastos observados se registra, por lejos, en las intendencias municipales. Con un total de 19.85%, que representa 2.583.375 pesos, hay un amplio rango que va desde la intendencia de San José (sin observaciones) a la de Montevideo (31,35%). De hecho, más de la mitad de las observaciones corresponden a la comuna capitalina: 1.590.314 pesos.
También fueron observados el 29,91% de los gastos ejecutados por la intendencia de Florida, el 26,19% en Soriano y el 27,86% en Maldonado. En cuanto a las empresas publicas, AFE tiene el 22,33% de gastos observados, seguido por OSE con 14,87% y el Correo con 12,74%.
El porcentaje de gastos observados en las instituciones financieras es más bajo: 1,97% para el Banco de Seguros, 0,38% el Banco Hipotecario, 0,01% el Banco República, y prácticamente sin observaciones el Banco Central.
El Iname, en tanto, lidera con 1,07% de gastos observados entre las entidades comprendidas en el artículo 220, seguido por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) con 0,50%.
A pesar de las enormes variaciones entre los organismos, los que cuentan con bajo porcentaje de advertencias no siempre han tenido un buen desempeño. Así lo entiende, por lo menos, el ministro frenteamplista Ariel Alvarez: "Todo depende de la atención que ponga el contador delegado en cada caso. Además, el Tribunal de Cuentas trabaja en base a la información que envían los organismos".
PERDIDAS. Por otra parte, el gobierno central tuvo el año pasado un déficit de 23.350.721 pesos. Las cuentas de los gobiernos departamentales tampoco están saneadas: la intendencia de Canelones, por ejemplo, posee 2.175.465 pesos de déficit acumulado, Montevideo tiene 1.368.175 pesos de déficit y Rocha 795.990 pesos. Las únicas comunas con superávit son San José (21.657 pesos) y Lavalleja (786 pesos).
Hubo 119 licitaciones irregulares
El 26% de las licitaciones que el Estado realizó durante el año 2003 recibió observaciones de parte del Tribunal de Cuentas, 119 de 456.
El Ministerio de Salud Pública se lleva el primer lugar con 41 observaciones en 68 licitaciones, al tiempo que OSE recibió doce observaciones en quince licitaciones realizadas. Entre las intendencias, el récord lo posee la comuna de Maldonado con catorce licitaciones observadas en quince que llevó a cabo.
Mientras tanto, fueron observadas cuatro de seis licitaciones que concretó la intendencia de Canelones, y doce de 47 llevadas adelante por el gobierno montevideano.
En total, el dinero en juego de las licitaciones observadas asciende a 3.849.120 dólares, según cifras del Tribunal de Cuentas.
AUDITORIAS. Por otra parte, se realizaron 109 auditorias e investigaciones durante el año pasado, comunicadas en su momento a la Asamblea General.
Ocho corresponden al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; siete a Presidencia; seis a la Administración Nacional de Educación Pública (Anep); cinco al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central; y tres al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Banco Hipotecario del Uruguay, Administración Nacional de Puertos, Administración Nacional de Correos, y la Intendencia Municipal de Montevideo.
Fallos contra el Estado
El Estado enfrentó 288 sentencias judiciales en su contra en el correr del año pasado, según indica el Tribunal de Cuentas en su memoria anual. Como resultado de dichas sentencias, se perdieron 1.049.076 dólares.
El Ministerio de Salud Pública perdió 57 juicios, lo que le provocó 39.413 dólares de gastos. Una sentencia menos en su contra tuvo el Ministerio de Defensa, que debió pagar 30.500 dólares.
Hubo 41 sentencias contra el Ministerio del Interior (153.343 dólares), 21 contra ANEP (2.523 dólares), 18 contra el Ministerio de Economía y Finanzas (34.697 dólares), trece contra el Iname (12.289 dólares), doce contra el Ministerio de Educación y Cultura (11.581) y también doce contra OSE (480.189).