Trámites frenan ideas de inversión en Fray Bentos

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RÍO NEGRO | DANIEL ROJAS

En Río Negro existen al menos dos proyectos turísticos que desde hace años esperan autorización municipal para ser ejecutados: barrios privados y una idea que incluye las instalaciones del frigorífico Anglo.

El intendente interino Jorge Gallo recibió en su despacho a un grupo de inversores españoles y uruguayos que asesorados por el exintendente, arquitecto Francisco Centurión, proyectan desarrollar urbanizaciones en Los Arrayanes con innovadores sistemas constructivos.

La iniciativa contempla la construcción de barrios privados con costas al río Negro, donde está previsto desarrollar una marina y campos deportivos. "Es un grupo inversor que se encuentra en Uruguay desde hace un tiempo con obras en Montevideo y se ha dispuesto incursionar en Los Arrayanes, un sitio atractivo y con un potencial muy alto escasamente explotado", explicó Centurión.

El grupo cuenta con 40 hectáreas, pero el proyecto inicial se desarrollará en cinco hectáreas "con muy baja densidad de construcciones y un respeto muy alto por el medio natural", dijo el exintendente, que aseguró que las gestiones ante la actual administración se iniciaron hace tres años.

"Por suerte en este caso estamos contando con la paciencia del empresariado que ha soportado estoicamente el paso del tiempo. Creo que deberíamos reflexionar sobre los tiempos que esto demanda porque tampoco podemos abusar", opinó Centurión.

PUNTA DIAMANTE. En 2006 el holandés Niek Frankenmolen y su hermano compraron las chacras que pertenecían a los actores argentinos Pepe y Laura Novoa, conocida en la zona como playa Punta Diamante.

Llegaron invitados por un amigo francés que también tiene campos cerca de ese lugar.

Ese mismo año, elaboraron y presentaron ante el Municipio de Río Negro un proyecto turístico que contempla la construcción de un barrio residencial con vistas al río Uruguay.

Más de cinco años después sigue esperando la autorización para desarrollar la idea.

En el camino perdió dinero, inversores y potenciales clientes europeos que se cansaron de esperar.

"Cuando conocí este lugar me enamoré de él y no dudé en que se trata de un excelente sitio para pasar los años de jubilado. Pero además, desde un primer momento quise compartirlo con otras personas, razón por la cual elaboramos con mi hermano un proyecto para construir 52 cabañas en armonía con la naturaleza del lugar", explica Niek.

El plan de urbanización respeta el área de costa, el bosque autóctono y promueve los deportes náuticos.

Además, está previsto que haya guardias para dotar de mayor seguridad a la zona.

"Al principio el intendente (Omar) Lafluf se mostró muy feliz y era bienvenida la inversión extranjera, pero la verdad han pasado más de cinco años por lo que mi hermano desistió como inversor y también tres clientes holandeses que compraron propiedades en otros países", dijo preocupado Niek Frankenmolen, haciendo referencia a interesados que se marcharon luego de esperar un tiempo prudencial.

AUTORIZACIONES. El director de Ordenamiento Territorial de la Intendencia de Río Negro, Juan Carlos González Arrieta, informó a El País que en el caso de Los Arrayanes está previsto para el 8 de febrero una última reunión con los vecinos de la zona. "Como se trata de un poblado con un modo de vida particular muy apegado a la naturaleza, hemos procurado buscar el consenso", explicó.

Estableció que la iniciativa será enviada en marzo a la Junta Departamental para su aprobación definitiva.

En esos días también se presentará a consideración del legislativo departamental el Plan Fray Bentos y su microrregión, que incluye el proyecto de Punta Diamante.

"Este último es bastante más complejo porque el Plan de Desarrollo Territorial incluye el histórico barrio Anglo y al ser declarado Patrimonio Histórico Nacional, necesariamente intervienen los ministerios de Educación y Cultura y Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, además de la comuna", dijo el funcionario.

González Arrieta reconoció que la nueva Ley de Ordenamiento impone una serie de exigencias que se suman a las demoras propias de cada intendencia.

"Reconocemos que nos hemos atrasado, pero es algo que está pasando con la mayoría de las intendencias, en parte por los escollos que hay que sortear. Además de una de serie de estudios de impacto, la ley obliga a realizar consultas populares, audiencias públicas y las correspondientes aprobaciones del intendente y la Junta Departamental", estableció.