Suspenden realojo de habitantes del asentamiento al Euskal Erría

El traslado de 15 familias del asentamiento de Fray Bentos y Pernas al complejo Euskal Erría quedó en suspenso luego que el directorio del Banco Hipotecario decidiera -antes de renunciar- ofrecerle al INAU alojarlos en viviendas individuales.

"Resolvimos que se estudie la posibilidad de ofrecerle al Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU) viviendas de otras características que no generen reacciones. Me refiero a viviendas individuales", dijo a El País Walter Morodo, presidente del BHU hasta ayer.

Las instrucciones que dejó el directorio saliente dicen que se trabaje "rápidamente" con los servicios del Banco. Ellos revisarán alrededor de 20 viviendas individuales para ver qué refacciones hay que hacer con el fin de que los habitantes del asentamiento de Fray Bentos y Pernas puedan ser realojados allí.

Luego, la idea es que se realice una "propuesta concreta" al INAU, dijo Morodo.

"En principio no irían al Euskal Erría", afirmó.

El 3 de diciembre los ministerios de Vivienda y Desarrollo Social y el INAU firmaron un convenio para trasladar a esas personas.

El acuerdo tiene como objetivo "solucionar la grave situación" existente en el asentamiento. Ese lugar fue señalado por los vecinos y por la Policía como causante de problemas de inseguridad en La Unión.

El problema se hizo público cuando el niño Leonardo Osorio, de 3 años, fuera baleado por un sereno contratado por los vecinos.

El acuerdo estableció que los habitantes del asentamiento serán reubicados. Señaló que el INAU dará alojamiento en los complejos Euskal Erría e Inve 16, a 15 de las familias, que son las que tienen niños, y el Ministerio de Vivienda trasladaría a pensiones a tres hogares formados por adultos.

En el predio de Fray Bentos y Pernas construirán un complejo de viviendas, donde en unos dos años podrán tener un hogar definitivo algunas de esas familias.

CORTARON CALLES. Los vecinos del complejo de viviendas Euskal Erría se mostraron disconformes con la decisión y anunciaron que evaluarían dejar de pagar las cuotas al BHU, según informó ayer "El Observador".

Hugo Lomez, uno de los vecinos, dijo que la reacción "lógica y natural" de los habitantes del complejo fue "hacer algo".

"No es que discriminemos. Ellos tienen otros hábitos de vida, de trabajo, que no condicen para nada con los nuestros ni con el normal funcionamiento de los vecinos del complejo", dijo ayer a El País.

"Ellos precisan otro tipo de ayuda, que les den salario, trabajo, materiales para que puedan tener una vida normal", añadió.

Los vecinos no hicieron ningún planteo formal al BHU ni al INAU. Lomez dijo que si bien en el complejo hay viviendas ocupadas, la mayoría paga cuotas de entre $ 4.500 y $ 6.000.

"Y de golpe y porrazo te zampan alguna cosa como ésta", sostuvo.

Ellos se comenzaron a reunir el viernes 7 y ya realizaron dos cortes de tránsito en Camino Carrasco. Uno el domingo y otro el lunes, ambos por espacio de dos horas, según Lomez.

Si se concretaba el traslado al complejo el vecino dijo que la intención de los entre 400 o 500 vecinos que participan de las asambleas era dejar de pagar al BHU y colocar el dinero en una cuenta del Banco República (BROU).

Según Morodo, el complejo tiene una morosidad del 60% en los pagos al banco.

TRABAJADORES. Uno de los argumentos de los vecinos era que los realojados irían gratis al complejo. En realidad, sus cuotas las iba a asumir el INAU, que es el dueño del predio donde está el asentamiento.

Jorge Ferrando, director del INAU, dijo que es necesario diferenciar "entre vivir en pobreza y delinquir". "Hay algunas personas que utilizan medios ilegales, como robo o tráfico de drogas", sostuvo. Añadió que "los núcleos más complejos no serán realojados".

El organismo realizó un censo de todas las familias para conocerlas en profundidad . "El realojo está vinculado a aquellas que tienen un modo de sobrevivencia que no implica la ilegalidad. Trabajan o realizan changas", añadió.

Para Ferrando se ha "querido generalizar". "Ha habido dificultades de comunicación o quizás faltó trabajar más para no generar un juicio estigmatizante de familias cuyo único problema es vivir en situaciones de pobreza", afirmó.

Las personas que viven en asentamientos son los vecinos menos deseados, según el Observatorio Montevideo. Hay 450.000 personas que no los quieren viviendo en sus alrededores. "Los pobres en Uruguay son el grupo social más rechazado", dijo Gustavo Leal cuando presentó el estudio. Le siguen los ex reclusos, políticos y militares.