Suprema Corte desestimó recurso de inconstitucionalidad de álvarez

E. DELGADO

La Suprema Corte consideró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad presentado por Gregorio Álvarez. Sus abogados pedirán una aclaración, pero ello no impediría una decisión sobre el pedido de procesamiento contra el ex dictador.

Le tomó cinco días a la Suprema Corte de Justicia rechazar por inadmisible el recurso de inconstitucionalidad presentado por los abogados del ex dictador Gregorio Álvarez.

Dicho recurso iba contra el artículo 21 de la ley 18.026, que en 2006 tipificó el delito de desaparición forzada, el que antes no existía en la normativa penal nacional.

Para los ministros de la Corte, hasta que no haya un afectado por la ley cuya legalidad se cuestiona, no puede tramitarse un recurso de inconstitucionalidad, y eso no sucede en este caso.

Los recursos de inconstitucionalidad son sobre casos específicos y no genéricos, por lo que sólo en caso de ser procesado o condenado por desaparición forzada una persona puede reclaman la inconstitucionalidad de ese delito, consideró la Corte. Esta situación no se cumple con Álvarez, para quien la fiscal Mirtha Guianze solicitó el procesamiento por ese delito, pero el juez Luis Charles no resolvió, debido a que el recurso de inconstitucionalidad paralizó el expediente.

Antecedentes. En su resolución, los ministros de la Corte recordaron otros dos casos en que desestimaron el estudio de acciones de inconstitucionalidad por considerarlas improcedentes, indicaron fuentes de la corporación a El País.

Uno de esos casos fue el recurso contra la ley de amnistía a presos políticos de 1985, presentado en 2006 por militares y policías sobre los que pesaba un pedido de procesamiento por la desaparición de un uruguayo en Argentina en 1976. Tras ser procesados, los uniformados reiteraron el recurso de inconstitucionalidad y en esa ocasión la Corte sí le dio entrada, lo analizó y finalmente desestimó.

El otro caso mencionado refería a un civil y no a militares o policías. Se trató de una persona a quien le fue solicitado el procesamiento por libramiento de cheques sin fondo. Previo a que el juez resolviera sobre el pedido fiscal, el acusado presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que castiga el libramiento de cheques sin fondo.

La Corte entendió que el individuo aún no había sido afectado por esa ley y no admitió el análisis de la acción de inconstitucionalidad presentada.

Fuentes de la corporación judicial consultadas coincidieron en que los ministros no aceptaron ni aceptarán este tipo de recursos de inconstitucionalidad de personas que no fueron procesadas o condenadas por uno o varios delitos.

Consideran que, además de no corresponder legalmente su estudio, de admitirlos se generaría una catarata de recursos de inconstitucionalidad presentados por personas que ven como inminente su procesamiento por algún delito.

aclaración. Carlos Curbelo Tammaro, abogado de Álvarez, adelantó ayer que presentará un recurso de aclaración a la Corte, para lo que tiene un plazo máximo de tres días, que vencen el jueves.

Los ministros de la Corte se reúnen el viernes, por lo que es muy probable que ese día den respuesta al recurso de Curbelo y devuelvan el expediente al juez Charles.

El magistrado tiene decidido resolver sobre el pedido de procesamiento de Guianze antes de cumplir con pruebas solicitadas por la defensa de Álvarez y de los oficiales retirados de la Armada, Jorge Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau (a quienes también fue pedido su procesamiento), expresaron fuentes vinculadas al caso.

De ser así, Charles puede citar a audiencia a los tres para notificarles de su decisión o comunicarles la misma a través de la Policía.

El pedido de procesamiento de Álvarez y los otros dos marinos se da en el expediente en que se investiga la desaparición de decenas de uruguayos en Argentina durante los años 1977 y 1978, quienes habrían sido trasladados clandestinamente por aire y mar a Uruguay. Según la denuncia, esas personas murieron ejecutadas o bajo torturas.

En 1978, Álvarez fue nombrado comandante en jefe del Ejército, y el 1° de septiembre de 1981 asumió la Presidencia, que entregó pocos días antes del 1° de marzo de 1985.

El Partido Nacional resolvió pedirle al presidente Tabaré Vázquez que detenga el proceso de desclasificación de documentos de la época de la dictadura porque se considera que en el procedimiento que lleva a cabo el Ministerio de Defensa Nacional no hay "garantías" para la ciudadanía.

La decisión fue adoptada por el Directorio del Partido Nacional tras un intercambio de opiniones que se produjo ayer y en el que participaron varios de sus integrantes que la semana pasada se reunieron con la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti, para conocer los avances de la desclasificación de documentos que se viene llevando a cabo en esa secretaría de Estado, y que se encuentra a mitad de camino: según se le informó a legisladores y dirigentes nacionalistas, 650 de los 1.200 rollos microfilmados hallados por este gobierno ya han sido pasados a disco digital.

Los nacionalistas Carlos Julio Pereyra, Gustavo Penadés y Carlos Moreira, quienes formaron parte de la delegación que visitó a Berrutti la semana pasada, llevaron el tema a consideración del Directorio. Así, relataron que le habían solicitado a la jerarca que se incorporara a una persona de confianza del Partido Nacional en la tarea de desclasificación de documentos, para trabajar junto con los dos representantes del Ministerio, explicaron a El País participantes del encuentro.

NO CONFORMÓ. En ese momento, Berrutti les respondió que no le parecía buena cosa, pero, ante la insistencia de los nacionalistas accedió a consultar el tema con el presidente Tabaré Vázquez.

Pero ante la falta de respuesta del gobierno, el Directorio decidió encomendar a su presidente, Jorge Larrañaga, que se comunique a la brevedad con el mandatario para pedirle que detenga el proceso de desclasificación hasta que no haya "garantías" para la ciudadanía y presencia de los partidos políticos. Por eso, la reunión que la semana pasada los dirigentes blancos sostuvieron con la ministra se definió ayer como "insatisfactoria".

Los nacionalistas entienden que en los documentos que constatan las tareas ilegales que se hicieron durante la dictadura, como escuchas telefónicas, seguimientos, interrogatorios, etc. hay informaciones que no tienen carácter político sino más bien son de tipo personal, por lo cual entienden que debe haber una mayor seguridad para la opinión pública en cuanto a su manejo.

El 20 de noviembre, Berrutti ya había negado a los blancos la posibilidad de integrarse a las tareas de desclasificación. Fue durante su participación en una reunión de la comisión de Defensa de la Cámara de Representantes donde se trató el tema. En esa ocasión, más que oponerse al pedido de los nacionalistas, la ministra lo tomó bastante mal: interpretó que se dudaba de la responsabilidad de su trabajo y que se presumía que pudiera hacer algún "movimiento indebido" con ese material.