"Vulneración de derechos" e incumplimientos: los motivos por los que INAU rescindió contrato de Hogar del Bebé

Ante las nuevas denuncias que recibió el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) por irregularidades en el Hogar del Bebé, la nueva presidenta del instituto, Claudia Romero, definió hacer efectiva la rescisión del contrato con la organización no gubernamental (ONG). Aunque esta había sido dispuesta por la directiva anterior, no se había hecho efectiva, criticó Romero. El País accedió a la resolución firmada el 15 de diciembre de 2023, que establece que en la auditoría del hogar "se constataron situaciones que pueden significar una vulneración de derechos".

Esta resolución da varios argumentos en los que se funda la rescisión del contrato. Ellos están principalmente basados en el resultado de la auditoría interna de gestión. Ellos concluyeron —según citó la resolución— que el servicio mostraba "irregularidades e incumplimientos que lo alejan de los modelos y parámetros institucionales. La gestión y atención no resultan garantista de los derechos de la población atendida, y
no existe razonable seguridad sobre la transparencia e integridad".

Durante ese período de análisis, llegaron a recomendarle a la organización que hicieran "ajustes metodológicos", pero, pese a eso, subrayaron en ese entonces, que no hubo "cambios significativos en el abordaje de las situaciones vinculadas tanto en la atención en residencia y principalmente en contexto".

Los problemas que tenía esta organización, según INAU, no se limitan a los problemas asistenciales a los niños. También, sostiene la resolución de fines de 2023, existía una "una extrema debilidad de la organización en la gestión de los recursos humanos, como así también de los aspectos administrativos y de diagnóstico".

El proyecto tenía 55 niños a cargo, 39 vivían allí y otros 16 estaban bajo otro régimen en el que aún mantenían contacto con sus familias de origen. Pese a su nombre, allí no había bebés sino niños de entre 4 y 15 años. La ONG tiene 29 denuncias administrativas (desde 2021) y una penal realizada por el propio instituto.

La decisión de cortar el contrato derivó en que se realice un llamado público para gestionar los dos centros y que se designe una dupla técnica para definir la "estrategia respecto a la atención de los niños, niñas y/o adolescentes vinculados y hasta tanto se adjudique el llamado público, quedando obligada la organización a dar continuidad a la atención de los niños, niñas y/o adolescentes".

La presidenta Romero detalló que ya hay organizaciones que fueron seleccionadas para cubrir la atención de esos niños, pero que aún no están formalmente "adjudicadas". A partir de nuevas denuncias recibidas a comienzos de mayo, INAU instaló una mesa de trabajo para definir la estrategia de rescisión y para "acompañar y proteger" a los niños que están en el hogar, excluyendo a las personas denunciadas de las labores de atención directa a los niños. Por otra parte, las autoridades intervinieron la institución poniendo a cargo a una dupla de técnicos de la institución que reportan diariamente el estado de situación del centro.

Fuentes del Partido Nacional en la institución advirtieron que el proceso licitatorio para elegir a una nueva organización que pudiera hacerse cargo de la tarea fue complejo y llegó a declararse desierto en una de las franjas etarias de atención.