Vecinos de Guazuvirá en contra de proyecto inmobiliario

Habitantes de Guazuvirá se oponen a una extensión de la trama urbana avalada por la intendencia. Foto: Archivo El País

DENUNCIAS

Habitantes de la zona denuncian fuerte depredación del medio ambiente; harán asamblea a fines de agosto para expresar sus cuestionamientos sobre el emprendimiento.

Vecinos de Guazuvirá están organizándose para frenar un proyecto inmobilario impulsado por privados y avalado por la Intendencia de Canelones. El sábado 27, dichos vecinos se reunirán en asamblea para expresar sus cuestionamientos al proyecto. De acuerdo a una portavoz de los habitantes de la zona, esto se hace para proteger el ambiente y la biodiversidad del lugar.

En un comunicado público titulado “La naturaleza de Guazuvirá está en grave peligro”, el colectivo de habitantes del lugar denuncia “acciones de tala indiscriminada y depredación en los predios de borde oeste y este del Balneario donde hay comprobado interés en el desarrollo de proyectos inmobiliarios por parte de Runtuna S.A. (La Tahona) y La Perseverancia S.R.L.”

Carla Foucault vive en Guazuvirá desde 2016 y es una de las integrantes del grupo que convoca para la asamblea del próximo 27. Foucault dijo a El País que tanto ella como otros vecinos del balneario participaron, durante dos años, del proceso de ordenamiento territorial de la localidad, que determinó que esta sea la primera de Costa de Oro que tiene su propio instrumento de ordenamiento territorial, que fue “construido de forma participativa entre equipos de la Intendencia (de Canelones) y vecinos”. Dicho proyecto, que no es “una normativa sino lineamientos” según Foucault, fue aprobado por la Junta Departamental en 2019.

Dentro de ese articulado, se dice cómo debería ser la ocupación de Guazuvirá, dando prioridad a la protección ambiental.

En 2017, varios de los vecinos que habían participado de ese proyecto -nacido en el marco de un programa oficial de la intendencia canaria- se enteraron que en las “áreas de oportunidad”, o sea aquellos lugares en los que hay chances de emprender negocios, había interés de construir chacras marítimas. Se enteraron porque la propia intendencia se los comunicó. En ese momento, dijo Foucault, no se sabía quiénes eran los que habían expresado ese interés.

Una chacra marítima, explicó la portavoz, tiene entre otras cosas una baja densidad poblacional en predios no menores de 2.500 metros cuadrados. Hasta ahí, todo bien. Quienes como Foucault habían participado en el diseño de lineamientos de ordenamiento territorial a instancias de la Intendencia de Canelones, no se oponían a ese proyecto.

El conflicto empezó a gestarse cuando algunos de los vecinos, como dijo Foucault, dijeron darse cuenta que lo que se estaba llevando a cabo “no era lo que nos habían vendido”.

Las objeciones expresadas en el comunicado y que serán tratadas en la asamblea surgieron cuando se empezó a constatar “depredación” en la localidad. “A fines del año pasado, con el supuesto objetivo de generar cortafuegos en los predios de borde del balneario, se comenzó a hacer una limpieza de esos predios. Y con el correr de los meses, empezamos a identificar que ya había marcaciones de calles, que los cortafuegos no estaban generados sino que lo que se estaba haciendo era un fraccionamiento, eso fue lo que nos alertó”.

A partir de eso surgió entre los vecinos la inquietud de saber qué era exactamente lo que se estaba haciendo ahí. “Nos habíamos quedado con aquella imagen de 2017, donde lo que se preveía era que se iban a hacer chacras marítimas, pero lo que se estaba concretando era otra cosa: un fraccionamiento puro y duro”.

Los vecinos, agregó Foucault, comenzaron a investigar y tuvieron reuniones con varias jerarquías de la intendencia del departamento en mayo de este año. El objetivo era revisar lo que se había plasmado colectivamente en los lineamientos de ordenamiento territorial de Guazuvirá con lo que se estaba realizando. “Estábamos evidenciando una situación que nos parecía irregular, y ahí se nos presentó el proyecto de fraccionamiento que ahora está sobre la mesa”.

Los vecinos organizados, además, creían que quien estaba atrás del desarrollo inmobiliario era el haras La Perseverancia, pero en una reunión posterior con autoridades municipales -realizada en junio- se enteraron que en realidad se trata de otra empresa llamada Runtuna.

Y se había pasado de chacras marítimas a una “extensión de la trama urbana de Guazuvirá y Guazuvirá Nuevo”.

Y no se trata, de acuerdo a la portavoz de un proyecto inmobiliario modesto. Según lo que explicó Foucault, se trata de una extensión de dimensiones que abarca un área que ella califica “como si fuera otro Guazuvirá”.

Ahora, los vecinos organizados quieren reunirse en asamblea para decidir los pasos a seguir, y Foucault dice que hay un palpable interés por parte de los habitantes del lugar de interiorizarse sobre lo que está ocurriendo. En parte, dijo, porque ahora “las motosierras arrancan a las siete de la mañana y están hasta las cinco de la tarde”. Antes de eso, podía ser complicado involucrar a algunos vecinos, que decían “¿Y esto a mí en qué me afecta?”. Con el movimiento y el ruido que se está llevando a cabo, resulta más sencillo, agregó, percibir los posibles impactos en la zona.

De acuerdo a Foucault, también se está pensando en presentar recursos de amparos contra dicho desarrollo.

El País intentó contactarse con las jerarquías competentes de la Intendencia de Canelones, pero de acuerdo al encargado de Comunicación de la misma, esta no quiso hacer declaraciones más allá de afirmar que el proyecto inmobiliario cuenta con todas las habilitaciones legales.

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