Publicidad

Se triplican las solicitudes para cambio de género en Uruguay

Compartir esta noticia
Los impulsores de la ley trans usaron pañuelos amarillos para promover la aprobación de la norma votada en el año 2018. Foto: Fernando Ponzetto
Protesta de grupos LGTBI en apoyo a la votacion en el Senado del proyecto de ley para personas trans, frente al Palacio Legislativo en Montevideo, ND 20181016, foto Fernando Ponzetto - Archivo El Pais
Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

IDENTIDAD

Desde la promulgación de la ley integral de personas trans, el promedio de pedidos es de 341 al año y hubo un pico de 507 casos.

Entre Alejandro y Alejandra hay apenas una letra de diferencia. Pero el cambio de esa simple vocal le implicó a Alejandra Colette Spinetti varias décadas de incomprensión, la contratación de una abogada, la reunión de cuatro testigos, el pago de timbres profesionales y la indigna experiencia de sentarse cuarenta minutos ante un juez para explicarle por qué quería ser quien es.

Nicolás Valentín, en cambio, salió del closet un mes antes de solicitar el cambio registral de su identidad y así dar por enterrado aquel nombre de mujer que le habían asignado al nacer y quería olvidar. No necesitó plantarse ante un juez, ni pagarle a nadie: solo su voluntad.

De la concreción del cambio legal de la identidad de Alejandra a la de Nicolás pasaron solo siete años. Pero según Diego Sempoll, especialista en políticas de género y diversidad sexual, “pasó mucho más: en el medio hubo una modificación normativa (la promulgación de la ley integral de personas trans), se democratizó el acceso al derecho a la identidad, se dejó de lado el engorroso proceso judicial para dar lugar a la vía administrativa simple, y, sobre todo, dio inicio en Uruguay un cambio cultural”.

Como consecuencia de ello, las solicitudes de cambio de género que tramitó el Ministerio de Educación y Cultura en los últimos tres años más que triplican el promedio histórico previo a la modificación legal y cultural, según datos a los que accedió El País. Y eso que en los dos últimos años la emergencia sanitaria enlenteció la burocracia estatal.

La respuesta a una solicitud de acceso a la información pública que hizo El País evidencia el salto en la demanda. Cuando regía la ley de derecho a la identidad de género (entre 2011 y 2018) nunca se superaron las 165 peticiones anuales de cambio de género. El promedio era de 99 casos por año. Tras la aprobación de la ley trans, el promedio se situó en 341 y hubo un pico de 507 casos (en 2019, el año en que se instrumentó la nueva normativa).

Nicolás Valentín y su pareja, también trans, hicieron el cambio registral con la nueva ley. “Es relativamente sencillo: se descarga un formulario electrónico, se firma con la nueva identidad, se escanea y envía por correo. Luego te llaman para fijar una entrevista con una comisión honoraria que no te pregunta sobre tu interés (ni es necesario justificar nada), solo corrobora que la ortografía del nombre elegido sea la correcta e informa sobre el marco legal. Mi pareja, como hizo el trámite en pandemia, tuvo esa entrevista por WhatsApp. Al tiempo -ese tiempo que a veces demora el Estado en sus trámites- está pronto”, contó Nicolás.

Aunque el trámite luzca sencillo, la peripecia no acaba allí. A partir de entonces se modifica la partida de nacimiento -no se hace una partida nueva como en Argentina, sino que se realiza una aclaración en un margen de la original- y la persona tiene que ir con su partida a cada lugar en el que quiera actualizar su identidad: ya sea para obtener la cédula, o para modificar el nombre en las tarjetas del banco, el título de grado, y hasta en la policlínica.

Porque Nicolás es Nicolás en los papeles, en su sentir y su identidad; pero tiene útero de nacimiento y, por tanto, requiere las clásicas consultas al ginecólogo. En la Administración Nacional de Servicios de Salud del Estado (ASSE) no entendían cómo “un hombre pide hora para el ginecólogo” y tuvo que enfrentarse “a una situación que es muy violenta”, contó. Y eso que “antes era peor”, dijo.

Tres décadas antes de ser legalmente Alejandra Collete, un docente del Instituto de Profesores Artigas (IPA) -donde estudiaba el profesorado de Literatura- le increpó el primer día de clase: “Así vestida a Bulevar, acá no”.

Alejandra no cedió y continuó los estudios. Se recibió de profesora y ejerció esa profesión. En 2012, cuando obtuvo la sentencia judicial que le habilitó el cambio de identidad de género, fue a Secundaria para exigir que le sea modificado institucionalmente el nombre y el género. Cinco años después, a causa de una licencia extraordinaria que tuvo que pedir, la llamaron desde la ANEP para decirle que estaba cometiendo un delito: con el mismo número de cédula estaban anotados dos nombres (Alejandra y Alejandro) como si fueran personas distintas. Tuvo que, como tantas veces, explicar su situación.

Eso parecía laudado hasta que “hace unos días” fue a sacar la tarjeta del servicio de transporte metropolitano y en la red de cobranza continúa figurando como “Alejandro”. A Nicolás le pasó lo mismo: la red le pide un documento notarial, cuyo valor excede los $ 4.000, para justificar lo que el Estado ya determinó. Y es por eso que algunos colectivos presentaron una denuncia que ahora analizará la Justicia.

Nicolás reconoció los avances tras el cambio de ley. Pero no está del todo conforme. Es una persona no binaria (no entra en el casillero de hombre o mujer) y, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, Uruguay aún no lo reconoce.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Ley trans

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad