Sucive denunció a Fiscalía que autos robados en Brasil tramitaron reempadronamientos en Cerro Largo

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Suvice) presentó una denuncia penal en Fiscalía de Cerro Largo tras tramitarse en ese departamento los reempadronamientos de cuatro vehículos robados en Brasil.

Los autos habían sido incautados en territorio uruguayo por la Dirección Nacional de Aduanas. Y, posteriormente, se les inició una investigación fiscal a los poseedores de los vehículos decomisados por un delito de contrabando.

Al tiempo, los autos fueron rematados. Con el documento del remate, cuatro personas pretendieron matricular los vehículos en la Intendencia de Cerro Largo, según señalaron a El País dos fuentes del caso.

El Sucive está investigando los casos de otros ochenta vehículos que estarían gestionando su regularización en la Intendencia de Cerro Largo mediante el mismo procedimiento.

El problema se da porqué, según lo que marca la normativa, tras ser incautados en territorio uruguayo y conocer su procedencia brasileña por sus matrículas, números de chasis y motores, los vehículos debieron ser devueltos a Brasil.

Las fuentes advirtieron que esos autos fueron obtenidos a través de robos ocurridos en territorio brasileño y que luego empresas aseguradoras cubrieron las pérdidas a los titulares de los vehículos.

Agregaron que, por lo tanto, las verdaderas titulares de los bienes eran las compañías de seguros, y no los dueños de documentos de compra generados en remates realizados en Uruguay.

Foto: Darwin Borrelli

Un jerarca de la Intendencia de Cerro Largo confirmó a El País que los cuatro casos denunciados por Sucive corresponden a vehículos de la ciudad Río Branco. Además, recordó que en 2022 se detectó en Cerro Largo una maniobra de características similares que abarcó 598 vehículos de procedencia brasileña ingresados de contrabando desde Brasil.

El jerarca se refirió así a la Operación Mellizos, en alusión a autos clonados o mellizos, que llevó a cabo la Policía en 2022 en el departamento arachán. En esa instancia fueron condenadas 23 personas vinculadas a fraudes, estafas y asociación para delinquir.

Como una continuación de la Operación Mellizos, la Fiscalía de Cerro Largo de 2° Turno y efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol comenzaron a trabajar en la Operación Fraude a principios de 2023.

Durante esa investigación se logró desarticular una maniobra llevada a cabo por un grupo delictivo que ingresaba a Uruguay de forma irregular vehículos de gama media alta y de alta cilindrada, provenientes de Brasil, Argentina, Paraguay y Estados Unidos, muchas veces en infracción aduanera; en otros casos eran hurtados.

Posteriormente los entraban al Sucive y eran empadronados en la Intendencia de Cerro Largo, con la participación en la operativa de funcionarios de esta comuna.

Los empleados públicos actuaban en complicidad con varias automotoras. Los titulares de las empresas realizaban los trámites en dicha intendencia haciendo alusión en los trámites al Decreto 15/2010, creado para exoneración y convenios para motocicletas.

A través de la aplicación fraudulenta de ese decreto, los delincuentes lograban en algunos casos ser prácticamente exonerados de deudas de patente de muy elevado valor y en otros pagar sumas irrisorias.

El fraude abarcó a más de 600 vehículos (automóviles y camionetas), que no se encontraban comprendidos dentro del decreto para motocicletas.

Esta maniobra causó a la Intendencia de Cerro Largo un perjuicio económico que superó los $ 13.500.000, habiéndose visto beneficiados tanto particulares como funcionarios y titulares de varias automotoras. Dichas empresas utilizaron la oportunidad para blanquear deudas millonarias de vehículos que fueron incorporados nuevamente al mercado con su valor real, haciendo de esto un negocio muy rentable.

Por la Operación Fraude, fueron condenadas siete personas como autoras penalmente responsables de un delito de fraude en calidad de coautoras a la pena de 12 meses en régimen de libertad a prueba, disponiéndose el cierre de frontera, informó el Ministerio del Interior en aquel momento.

Según dijo una fuente municipal a El País, uno de los condenados en esta operación fue el titular de una conocida automotora ubicada en la rambla de Montevideo, que vendía vehículos de alta gama empadronados en la ciudad de Río Branco.

Los reempadronamientos ilegales de autos en Río Branco generaron que algunos uruguayos, que adquirieron esos vehículos de buena fé y viajaron en sus vacaciones a Brasil, fueran detenidos en operativos de rutina por la Policía Federal Rodoviaria (PFR).

Luego de que los policías brasileños inspeccionaron los números de chasis y motores, los autos detenidos fueron incautados y los conductores uruguayos enfrentaron procedimientos judiciales en territorio norteño, señalaron las fuentes.