CAMBIO DE LEGISLACIÓN

En Uruguay se calcula que el 15,4% de la población tiene algún tipo de discapacidad. En la actualidad, estas personas deben tramitar un documento que lo certifique todas las veces que las diferentes oficinas del Estado lo requieran.

Para cambiar esa situación, el 13 de marzo de 2016 la diputada por el Partido Colorado Valentina Rapela solicitó —por intermedio de la Presidencia de la República— a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad (Agesic), al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y al Sistema de Cuidados del Ministerio de Salud Pública, la creación de un Sistema Único de Discapacidad a nivel nacional, de uso común para todas las dependencias del Estado que requieren esta documentación.

Hasta el momento, la Presidencia no ha respondido a ese planteo. Dos años después, la Fundación Alejandra Forlán, apoya la solicitud y se une al reclamo de su implementación. Desde la Fundación se cree que la certificación única es la vía más rápida y eficaz para que las personas con discapacidad puedan tramitar los beneficios que brinda el Estado y las empresas privadas.

Entre las observaciones que realizó Naciones Unidas a las políticas sobre discapacidad en Uruguay, se encuentra la ausencia de ese registro. Por eso, el organismo solicitó al Estado "la adopción de medidas para establecer un sistema de certificación única de la discapacidad que refleje un modelo basado en los derechos humanos de las personas con discapacidad".