CONFLICTOS POR UN TECHO

Pensiones versus inmigrantes

Varios dueños de pensiones denuncian que extranjeros han “tomado” muchas de ellas.

Propietarios de pensiones han decidido en muchos casos cerrar sus puertas. Foto: F. Flores
Propietarios de pensiones han decidido en muchos casos cerrar sus puertas. Foto: F. Flores

Hace dos meses, la pensión ubicada en Soriano y Zelmar Michelini se transformó completamente. Pasó de ser un lugar en donde los huéspedes se comportaban, pagaban en fecha y respetaban las reglas a convertirse en un verdadero caos. Quien regenteaba el lugar hasta hacía unas semanas era Anay, una uruguaya que había decidido alquilar la gran casona de nueve habitaciones para transformarla en una pensión para inmigrantes. Pero lo que en un inicio parecía una buena idea, terminó siendo una pesadilla para ella.

Los problemas comenzaron a aparecer de a poco, cuando las diferencias culturales y de costumbres de los migrantes empezaron a salir a la luz. Los gritos y la música alta que ponían los cubanos -que eran la mayoría de los huéspedes- se transformaron en una constante en la pensión, provocando discusiones con la encargada.

“Les pedía que bajaran el volumen y no hicieran tanto ruido, pero ellos me contestaban que ahí estaban pagando, por lo que podían hacer lo que quisieran”, contó Anay. Con el correr del tiempo, aparecieron las amenazas por parte de alguno de ellos que decían que iban a dejar de pagar, pero finalmente terminaban yéndose del lugar.

Hasta que en enero, esas amenazas se hicieron realidad. “No quería tener más la pensión y quería irme del lugar. La casa estaba a la venta y en enero se vendió. Cuando les comuniqué a los 23 huéspedes que quería entregar la vivienda a los nuevos propietarios, un matrimonio de cubanos me dijo que no iban a pagar más. Y a ellos se sumó todo el resto. Desde ese momento la pareja me empezó a amenazar y terminaron dándome una golpiza frente a mi hijo de 5 años. Después de eso me dijeron que a partir de ahí eran ellos los que mandaban en la pensión”, contó Anay.

Tiempo antes la mujer había realizado algunas denuncias por otros problemas y tras la golpiza que sufrió decidió volver a la comisaría. “Fui pensando que la Fiscalía iba a tomar acción penal inmediata porque me habían dado una paliza en mi casa, delante de mi hijo. Sin embargo la Fiscalía no solo demoró un mes en expedirse sino que cuando lo hizo me dijo que debía ir por la vía Civil y no Penal”, contó.

Alta emanda: algunas casas llegan a alojar a 80 personas. Foto: F. Flores
Alta emanda: algunas casas llegan a alojar a 80 personas. Foto: F. Flores

Con la inacción de la Justicia, dice Anay, los cubanos comenzaron a tomar más fuerza, lo que llevó a más amenazas, constantes empujones y hasta bullying contra su hijo. “Yo vivía en ese mismo lugar y lo que hacía al llegar a casa era encerrarme en mi habitación con mi hijo”, contó.

En febrero la situación ya era insostenible para Anay: su hijo lloraba todo el tiempo y ella estaba angustiada y asustada, por lo que ante la presión y la violencia que reinaba en la casa, decidió ir a ANDA, su garantía de alquiler, para contarles lo que sucedía.

Hace dos semanas le dieron otra propiedad para mudarse y desde la propia empresa comenzaron inmediatamente un proceso de desalojo para los inmigrantes. Según estiman, llevará por lo menos unos 5 meses.

“Mientras ellos tienen todas las comodidades, yo me tengo que hacer cargo de dos alquileres y de sus deudas en el consumo de luz y agua que actualmente supera los $30 mil al mes. No puedo dejar de ser la titular del alquiler hasta que la casa no esté vacía. Estoy atada hasta el día del lanzamiento y no sé cómo voy a hacer para pagar todo”, dijo.

Para Anay, la decisión de los cubanos de no pagar es premeditada. “Están todos comunicados entre sí y desde el momento que llegan al país ya vienen con el código abajo del brazo. Averiguan cuáles son las pensiones que no tienen habilitación y se meten allí y de a poco van tomando más poder”, dice. Y agrega: “Su objetivo no es quedarse con la casa porque no tienen intención de permanecer en Uruguay. Ellos están de tránsito: lo que buscan es ahorrar hasta el último peso, conseguir los documentos y luego irse a Estados Unidos o a otro país. Y esos 5 meses o más sin pagar, hasta que se hace efectivo el lanzamiento, les vienen como anillo al dedo”, dice.

Historias repetidas.

Otras pensiones se encuentran viviendo situaciones similares, como el caso de la ubicada en Mercedes entre Convención y Andes. Su titular, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, contó a El País que comenzó a recibir migrantes cubanos en el año 2017.

“En ese entonces yo tenía un salón de fiestas donde trabajaba un cubano. Me comentó que estaban llegando muchos compatriotas a Montevideo y me planteó la idea de abrir una pensión. Alquilé una casa y empecé todos los trámites ante la IMM, Bomberos y me registré con Interpol, a quien le informaba de la gente que iba entrando”, contó.

La regla era que aceptaba únicamente a cubanos para evitar cualquier problema de convivencia por temas culturales. Al principio, dice, todo funcionaba correctamente, hasta que comenzó a surgir un problema detrás de otro. Primero, cuenta, quien estaba encargado de la pensión robó parte del dinero y se fue a vivir nuevamente a Cuba. Al poco tiempo, los huéspedes denunciaron que habían chinches en el lugar y que por esa razón iban a dejar de pagar.

“Fumigamos como cinco veces y decían que seguían habiendo, más allá de que yo nunca las vi. Se revelaron 50 personas porque se asesoraron con una persona que les dijo que el desalojo podía demorar varios meses y que podían no pagar durante ese tiempo”, cuenta.

Dice que le han robado una infinidad de cosas, como televisores, computadoras y otros objetos y que rompieron las cámaras instaladas en el lugar. “Vi incluso una publicación en Facebook de uno de los cubanos vendiendo mis cosas robadas. Denuncié a la Policía, pero aunque tienen el teléfono y el nombre no pueden hacer nada si no se lo ordena la Fiscalía”, destacó. Desde septiembre cuando hizo la primera denuncia está a la espera de que sean desalojados.

Una pensión familiar. 

Graciela tuvo que cerrar hace un tiempo la pensión familiar que había heredado de sus padres -habían estado en el negocio por 40 años- luego que una mujer cubana que se alojaba allí le golpeara la cabeza contra el piso. Según dijo, hasta hacía un tiempo no había tenido problemas con los huéspedes, pero “la última camada de cubanos llega con una actitud totalmente violenta”.

Los uruguayos que vivían allí, comenzaron a abandonar el lugar de a poco por los disturbios que generaban los extranjeros. Sumado al hecho de que varios cubanos habían decidido dejar de pagar, “por su salud mental” decidió cerrar la pensión y buscar “una mejor calidad de vida”.

“Decidimos continuar con nuestro trabajo como policías y priorizamos nuestra salud. Por eso nos fuimos a vivir al Chuy y sacamos a nuestras hijas de ese ambiente porque ellas también veían todas esas situaciones”, cuenta.

Graciela sigue siendo la titular del alquiler ya que tiene contrato hasta agosto de este año, aunque la propiedad -que en sus mejores años llegó a alojar entre 80 y 100 personas- está vacía. Por ella debe pagar 100 mil pesos por mes, ya que la propietaria no quiere rescindir el contrato hasta agosto. Ella aún no sabe cómo hará frente al pago.

“Queremos que se vayan; no aguantamos más”

En la pensión Lugo, sus propietarios dicen estar viviendo “un calvario”

En la pensión Lugo, ubicada en Zelmar Michelini entre Canelones y Maldonado, también tienen problemas desde hace un mes. “En enero nos clausuraron porque los inmigrantes tiraban la correspondencia y nunca nos llegaron las notificaciones de la IMM. En un mes levantamos la clausura, pero desde febrero los cubanos decidieron dejar de pagar”, contó Noemi, una de las encargadas de la pensión.

En total, de los 23 huéspedes que tiene, 18 no abonan la mensualidad. “No queremos que estén más en la pensión. No solo no pagan sino que no respetan las reglas: andan con el torso desnudo, se creen que están en un boliche, se emborrachan y ponen la música alta. Tenemos denuncias de vecinos que nos llaman a las 3 de la mañana a decirnos que si no bajan la música nos denuncian”, contó Ramón, el padre de Noemi.

Actualmente, dice, se encuentran a la espera de la orden de la Fiscalía para el desalojo. “Pero la Fiscalía no responde. Antes con el viejo Código, si en cinco días no pagaban venía la propia Policía y los desalojaba, pero ahora no pueden”, explica.

Los cubanos, en tanto, no quieren pagar hasta que no se mejoren las condiciones del lugar. Desde la pensión aseguran que los arreglos que les exigió la IMM “son detalles menores” y que tienen que ver con reparar algún enchufe eléctrico o tapar humedad. “No podemos reparar esas cosas porque los cubanos cambiaron los candados de las habitaciones (algo que está prohibido) y no nos dejan entrar”, dice Noemi.

Ramón, en tanto, contó que el alquiler les cuesta $ 55 mil por mes y que a los huéspedes les cobran $ 8 mil. “Tienen agua, tienen wifi, tienen gas, TV con cable y heladera adentro de la habitación. ¿Qué más les podemos dar?”, se pregunta el hombre.

Dice Noemi que conoce a muchos cubanos “buenos”, pero “éstos son conflictivos, son mala gente”. Dice que si a los inmigrantes no les gustan las condiciones del lugar, tienen libertad para irse. “Esto no es como un alquiler convencional. Si el lugar no te sirve está lleno de pensiones por Montevideo. Lo que hacen es buscarle la quinta pata al gato para no pagar”, asegura la encargada. Para Ramón, lo que están viviendo “es un calvario”. “Nosotros dependemos de ese ingreso para vivir, pero no nos pagan y tampoco podemos sacarlos”, dice Ramón.

Según cuentan, están juntando firmas junto con otros encargados para hacer una denuncia “a lo grande, porque hay muchas pensiones tomadas”.

Reportar error
Enviado
Error
Reportar error
Temas relacionados
Max caracteres: 600 (pendientes: 600)