Por Pamela Díaz
Abren nuevas canteras o utilizan alguna abandonada, o empresas con habilitación explotan por encima de lo que se les autorizó: la minería ilegal sucede en todo el país. La cantidad que se explotó por fuera de la ley es, de manera aproximada, 300.000 toneladas de minerales en 2022. Esta práctica se da en áridos de la construcción: balastro, tosca y arena.

El número es una estimación de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige), del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Hay que tener en cuenta que esa oficina tiene para todo el país solo dos fiscales -uno en este momento con licencia médica- y tres inspectores.

Conocer cuál es el nivel de minería ilegal es un desafío. El director nacional de minería y geología, Marcelo Pugliesi, comentó a El País que en 2022 recibieron y procesaron 39 denuncias mineras, y visitaron 22 predios afectados. Pero tampoco se conoce a ciencia cierta “cuántos minerales se extraen de manera legal, más que nada en el área de la construcción”. Sucede que, además de la Dinamige, el MTOP puede dar habilitaciones para la extracción para obras públicas y, en ese caso, envía la información sobre volumen y locación, entre otros puntos, al MIEM. Pero aparte están las intendencias con sus canteras, por las que no se reportan los datos a esta dirección de la cartera de Industria.

Una vez que se reglamente un artículo de la Ley de Presupuesto, que indica que las intendencias van a tener que “regularizar sus canteras” en el MTOP, podrán tener “un poco más de potestad para controlar los cierres y exigir que quede con señalización y alambrado”, añadió Pugliesi.

Ante la pregunta de por qué no es tan efectiva la vigilancia sobre la minería, respondió: “Nos falta un poco de recursos humanos”, al entender que la Dinamige necesita más fiscales, unos seis, siete, ocho “para salir en diferentes puntos y controlar un poco más”. Aunque aclaró que, si se miran gestiones anteriores, nunca hubo “muchos”, pero tampoco “se controló bien”.

También se busca “maximizar los recursos informáticos”, por lo que “no solo pasa por los recursos humanos sino también por los financieros o presupuestales”. Y es que, alguna información que da el fiscal de una “cantera irregular porque fue hasta el lugar o paso por ahí, ahora (se puede acceder a través de) plataformas digitales satelitales”, añadió.

“Esta dirección con más controles podría recaudar más”, marcó Pugliesi.

También planteó que se realice un cambio en la normativa para sancionar camiones en la ruta. Hoy un decreto los habilita a retener la carga si encuentran que transporta minerales sin guía electrónica, documento que habilita a trasladar estos productos en el territorio nacional.

Se presentan dos dificultades para ese procedimiento. Una es que la reglamentación es “muy vieja”, de cuando, “de repente”, el “tránsito era mucho menor”. Otra es que el trámite solo lo realizan los que tienen la habilitación en el MIEM, no así los que realizan la actividad por el MTOP o las intendencias con las canteras municipales. Por lo que debería “uniformizarse” la situación: planteó que todos tengan que pedir el documento para así poder fiscalizar, poner una multa y que se pueda pagar a través del Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive).

La minería vinculada a las piedras semipreciosas de las ágatas y amatistas está “bastante controlada”. Aunque “podrá haber contrabando en el norte”, se “ha regulado mucho”. En ese sentido, Pugliesi dijo que “ha crecido mucho” la exportación de estos productos en los últimos años. De los US$ 17,5 millones en 2015 subió a US$ 33 millones en 2021 y, en 2022, la cifra se elevó a US$ 44 millones.

El director del MIEM sostuvo que la venta por internet creció con la pandemia y después se instaló ese canal de compra. También destacó que las empresas del rubro “han perfeccionado la talla de la piedra” y recordó que en 2022 se dio un beneficio fiscal para la amatistas “trabajada”. China es el “principal comprador, sobre todo de ágatas, y a veces (el nivel de compra) depende del año por el valor espiritual” que tienen las piedras.

La detección de la minería ilegal, señaló Pugliesi, se puede dar de varias maneras. Una es cuando los fiscales e inspectores hacen recorridas por las canteras que tienen habilitación en el MIEM para analizar si realizan la tarea como corresponde. En esas instancias, les “llegan denuncias” de prácticas irregulares, las que “sobre todo (las realizan) los mineros establecidos”.

Ahí es cuando la dirección concurre al lugar, constata que efectivamente suceda la actividad por fuera de la ley y acciona. “Normalmente se coloca una multa” y, de esa manera, “empieza un proceso largo que puede terminar en un embargo si no se realiza el pago”.

Más allá de si hay actividad o no cuando llegan a la cantera, el MIEM realiza una aproximación de la excavación para medir cuál pudo ser la extracción que se realizó. Pero la práctica presenta un desafío cuando es un lugar en los que “son varias las repeticiones de excavaciones”, según explicó Pugliesi, ya que es difícil evaluar “cuánto se extrajo de mineral la última vez”.

Hay otra manera en la que detectan la actividad ilegal, en este caso la evasión de quienes tienen canteras autorizadas. Para cada mineral que se extrae las empresas deben asignar una guía electrónica. En ese sentido, contó que “con la sola presencia” de fiscales e inspectores en la ruta ese día “aumenta la emisión” de estos documentos un 25 o 30%.