RESOLUCIÓN MUNICIPAL

El director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta, encomendó realizar una investigación administrativa por una nota publicada por El País el 15 de marzo de este año, relativa a una ocupación irregular en el barrio Santa Catalina.

“Hace mención a que la Intendencia podría haber dado indicaciones de cómo abrir calles, lo que podría configurar irregularidades por parte de algunos funcionarios/as”, señala la resolución municipal.

El artículo en cuestión hace referencia a la situación de unas 650 familias que se instalaron en un terreno privado. No solo se trata de un número extraordinario para una ocupación relativamente reciente, sino que allí se están dando una serie de situaciones atípicas que generan todo tipo de rumores. El más grave sugiere que habría una agrupación narco instalada en el terreno, financiando algunas de las necesidades de sus habitantes para ganarse su dependencia económica, como por ejemplo, merenderos infantiles.

La IMM ha ido varias veces para dar indicaciones que algunos han interpretado como un aliento a la ocupación. Les dijeron que deben dejar tres metros de vereda y 10 metros para las calles. Y han cambiado -según los vecinos- la definición en torno a qué tan lejos deben estar de una zona específica que es área protegida.