PREOCUPACIÓN

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó la semana pasada que en los primeros seis meses de este año se registraron 365 suicidios en el país, lo cual supone un aumento del 25% respecto al mismo período del año anterior. Los números de intentos de autoeliminación también son preocupantes: en promedio, 50 personas por día ingresan a centros de salud por intentar quitarse la vida, lo que equivale a un total de 18.200 casos por año.

“Se confirma que la tendencia se mantiene en nuestro país, como en los últimos 30 años, los intentos de autoeliminación y los suicidios han venido en aumento”, expresó José Luis Satdjian -subsecretario del MSP- en rueda de prensa. Frente a esta situación, una de las decisiones que se tomó es poner en funcionamiento un registro obligatorio de intentos de suicidio que se centralice en el ministerio.

Satdjian indicó a El País que “lo bueno del modelo es saber los casos en tiempo real”. Antes solo se conocían las cifras con el cierre anual y ahora la idea de la cartera es poder conocer estos casos de manera “inmediata” para así poder brindarle el seguimiento y la atención necesaria al paciente, según afirmó el subsecretario.

El sistema informático ya se desarrolló y el MSP se encuentra en la etapa de la creación de la norma que obligue a los prestadores de salud a llevar a cabo este registro obligatorio. El software también permitirá digitalizar las fichas -que hasta ahora son en papel- porque la cartera identificó que existía un subregistro.

Ricardo Bernardi, médico psiquiatra, psicoanalista y exintegrante del GACH, dijo a El País que el registro obligatorio supone un primer paso en el plan estratégico de prevención del suicidio y aunque es un gran avance, requiere otras medidas que le sigan. “El registro obligatorio va a permitir el monitoreo y un seguimiento en base a evidencias reales”, destacó el profesional.

Sin embargo, una fuente de la Salud admitió a El País que este registro obligatorio tiene sentido si “lo que sea hace después se hace bien”. “¿Quién va a hacer ese seguimiento de cerca? Nadie. No se va a hacer”, cuestionó la fuente.

Explicó que los planes de prevención que se manejan hasta ahora no se han puesto en práctica de una manera correcta porque si bien están las cifras, “nadie sabe cuáles son los problemas sociales de la persona, si toma la medicación o si asiste a las consultas médicas”.

“A pesar de la importancia que tiene el tema del suicidio, no tiene el impacto social que tuvo, por ejemplo, el covid en su momento y capaz que el impacto real es peor”, sostuvo Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), a El País.

El impacto que tendrá el registro obligatorio, según el intensivista, será contar con un diagnóstico de situación acorde a la realidad. “Ese tiene que ser el punto de partida para una planificación en salud con planes de acción concretos, expresó Pontet.

El mayor riesgo de autoeliminación es haber tenido previamente un intento -explicó- y hay una cantidad importante de lesiones autoinfligidas que no llegan a ser tan graves para ser derivados a CTI, pero representan el síntoma de un problema futuro.

La representante de los usuarios en el directorio de ASSE, Natalia Pereyra, aseguró que son “muchísimos” los casos de reclamos en materia de salud mental, más de la mitad son familiares o vecinos del barrio de la persona que padece depresión. Pereyra trabaja con los casos extremos en los que la persona no pudo acceder a medicación o a salas de internación pese a que hay repetidos intentos de suicidio.

“La salud mental es una alarma permanente”, afirmó y dijo que la mayor deficiencia del sistema es por la falta de psiquiatras que tiene ASSE. También se refirió a las consultas telefónicas de seguimiento médico, que en el caso de el tratamiento por depresión no es efectivas como las consultas cara a cara.

El año pasado el gobierno lanzó la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio 2021-2025 en la que participan el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, además del MSP. Uno de los objetivos es la capacitación del personal técnico y no-técnico para el abordaje de la prevención y se prevé más presupuesto para aumento de personal médico.