Donde hay esqueletos con más de 20 años en Médanos de Solymar, se quiere realizar un megaproyecto de 21 edificios con 1.152 apartamentos. Dado el tamaño de la iniciativa, se avanza a un paso pausado. No obstante, en la tarde del lunes se dio un nuevo paso: el gobierno firmó un preacuerdo con el consorcio privado que valida el memorándum de entendimiento de hace un año. Sin embargo, aún queda pendiente la postura de la Junta Departamental de Canelones, donde está a estudio tras ingresar en diciembre.

La firma —que se hizo a pocos días de que cambie el gobierno— se realizó entre la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el Ministerio de Vivienda con los privados interesados en llevar adelante el proyecto, un consorcio de las dos constructoras José Cujó y Panel Sur. En la iniciativa también está el arquitecto Carlos Ott en asociación con Ponce de León/Architects.

El acuerdo que se firmó incluye varias cláusulas; una de ellas consiste en cómo se va a hacer la entrega del terreno de la ANV al consorcio privado.

El gerente del área financiamiento y mercado inmobiliario de la agencia, Horacio da Silva, explicó a El País que se realizó un fraccionamiento del padrón —del que dos partes se volcaron a la Intendencia de Canelones, tal como lo prevé la ley de ordenamiento territorial— y que se estableció cómo, a medida que avance la construcción, se deberán entregar los apartamentos a la ANV.

Da Silva indicó que se les da el terreno a los privados pero que, al mismo tiempo, se establece una hipoteca sobre cada uno de los fragmentos como “garantía de la operación”. Esa hipoteca continuará hasta que el consorcio llegue al 30% de la construcción planificada para esa zona, momento en el que los desarrolladores deberán realizar un seguro a favor de la agencia.

También se estableció un sistema de entrega de las 27 viviendas que deberá recibir la ANV. La primera entrega, que será de ocho unidades, deberá ser a los 33 meses de que comienza las obras. De no cumplir con lo que se pactó —señaló Da Silva— la ANV no levanta la póliza de seguro, por los que el consorcio deberá seguir con los pagos que se establezcan.

El proyecto está a estudio de la comisión de ordenamiento territorial, nomenclátor, vivienda y medio ambiente de la Junta Departamental de Canelones.

El vicepresidente de la comisión, Enrique Tellechea, contó a El País que tienen en agenda la iniciativa y que prevén invitar a los integrantes del consorcio a que expliquen de qué se trata. Una vez que se supere esa etapa, se deberá votar en el plenario para que, resuelta la consideración, regrese a la intendencia canaria.

Los espacios que pasarán a ser parte de la Intendencia de Canelones se destinarán a uso público, donde se prevé la construcción de canchas y otros similares de carácter recreativo.

El terreno —de unas siete hectáreas— es propiedad de la ANV, el que recibió desde el Banco Hipotecario del Uruguay cuando se hizo la reestructuración en 2007. Se prevé que la obra tarde seis años, con apartamentos que irán hasta los tres dormitorios.

Hace un año, cuando se firmó el memorándum de entendimiento, el arquitecto Ponce de León —que, además, estuvo presente en el evento del lunes— destacó que habrá un estacionamiento para 1.100 autos, un tema que se “estudió mucho” con la Intendencia de Canelones.