PANDEMIA

El diario británico Financial Times, especializado en noticias económicas, señaló que el "impuesto solidario" que se prevé promover en Argentina podría "acelerar el éxodo" a Uruguay.

Mientras el Congreso argentino debate el proyecto de ley para crear el "aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia", conocido como impuesto a la riqueza o a las grandes fortunas, también hay críticas a esta iniciativa.

De acuerdo a lo que explica Financial Times, una de las razones del descontento es que muchos lo ven como "un sistema fiscal confiscatorio".

El Congreso debatirá un impuesto único de "solidaridad" para los argentinos con activos netos de más de $ 3 millones. Esto, podría recaudar hasta $ 4 mil millones (US$ 51.112.188).

Además, eso se suma a un impuesto sobre el patrimonio existente que en diciembre del año pasado se elevó en diciembre al 2,25%, solo superado por España en el resto del mundo.

Luciano Laspina, economista y legislador de la oposición, explicó al Financial Times: "En un momento en que las empresas (extranjeras) están huyendo de Argentina debido a la incertidumbre política y la crisis económica, introducen un impuesto arbitrario argumentando que se trata de una emergencia. Pero Argentina ha estado en un estado de emergencia (legal) durante los últimos 20 años... Así que otro impuesto podría llegar en cualquier momento".

Fernanda Vallejos, senadora del oficialismo, dijo a su vez al Financial Times que no hay duda sobre la necesidad de un impuesto a la riqueza en Argentina, especialmente dado el caos económico causado por la pandemia, con más del 40 por ciento de los argentinos viviendo ahora en la pobreza.

"Estamos hablando de un universo de menos de 10.000 personas que se beneficiaron de las políticas regresivas del gobierno anterior que permitieron una tremenda concentración de la riqueza, mientras la pobreza y la desigualdad aumentaban escandalosamente", afirmó.

Esta situación coincide con el interés del gobierno uruguayo de atraer extranjeros. Por eso, desde antes de la pandemia, el presidente Luis Lacalle Pou manifestó su intención de impulsar flexibilizaciones en la residencia legal y fiscal.

El 11 de junio de este año se introdujeron dos nuevas causales para configurar la residencia fiscal en el país, en el marco de la anunciada política de promoción de inversiones. En primer lugar, la nueva causal se amplía a quienes adquieran una inversión en inmuebles por un valor superior a UI 3.500.000 (unos 370.000 dólares) a partir del 1° de julio de 2020 y tengan una presencia efectiva en territorio uruguayo de 60 días en el año civil. La otra causal refiere a la instalación de empresas: tener participación en una empresa que tenga un valor no menor a UI 15.000.000 (unos 1.585.000 dólares) a partir del 1° de julio.

Hasta el momento, unos 20.000 argentinos solicitaron trasladarse a Uruguay.