DOCUMENTO
El informe señala que la situación “milita contra la efectividad de la implementación del mandato conferido por la Ley No. 19.822”, que versa sobre el cometido de la Inddhh.
Una evaluación solicitada por la Cámara de Senadores y encargada por la Institución Nacional de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo al abogado colombiano Federico Andreu-Guzmán, especialista en derecho internacional de los derechos humanos, sostiene que hay una “ausencia de política pública del Estado uruguayo en materia de búsqueda” de detenidos desaparecidos, que "garantice la colaboración activa y proactiva de las entidades estatales con las labores de la Indhh".
El resultado del informe fue dado a conocer este martes por la institución y agrega que esta situación “milita contra la efectividad de la implementación del mandato conferido por la Ley No. 19.822”, que versa sobre el cometido" de ese organismo en "la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas".
La evaluación fue entregada este lunes a la vicepresidenta de la República y presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón.
“La ausencia de una política pública del Estado uruguayo en materia de búsqueda, que garantice la colaboración activa y proactiva de las entidades estatales con las labores de la Indhh; el 'pacto del silencio' que por décadas ha existido en sectores militares y civiles; el paso del tiempo y la consecuente pérdida de testigos directos y otras fuentes humanas de información; el deficitario acceso a archivos e informaciones que reposan en entidades estatales; las demoras en el cumplimiento total de las obligaciones impuestas por la Ley No. 19.8222 a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente, en materia de archivos, digitalización y traslado de la documentación a la Inddhh; son algunos de los principales obstáculos que ha tenido que enfrentar la Inddhh”, sostiene el documento.
“Si bien el Ministerio de Defensa atiende oportuna y positivamente los requerimientos de la Inddhh, garantizando que esta tenga acceso a la información requerida, no desarrolla proactivamente actividades para identificar y localizar archivos y documentos que puedan contribuir a la búsqueda y cuya existencia no ha sido detectada por la Inddhh”, dice el informe.
El Ministerio de Defensa tampoco “ha establecido un mecanismo o procedimiento de verificación sobre la existencia o no de archivos y documentos en las dependencias de los componentes de las Fuerzas Armadas, y la simple respuesta negativa respecto de la existencia de ese acervo documental por parte de los mandos militares es asumida como cierta”, añade.