AUDITAN GESTIONES ANTERIORES

AFE: nuevo directorio evalúa demandar al saliente por locomotora abandonada en Durazno

Para el vicepresidente de AFE, Gustavo Osta, “es muy evidente la omisión y negligencia” en el caso. Ocurre tras el inicio de las obras para UPM.

Una locomotora que transportaba combustible de Ancap al interior del país quedó abandonada en medio de la vía en Durazno. Foto: AFE
Una locomotora que transportaba combustible de Ancap al interior del país quedó abandonada en medio de la vía en Durazno. Foto: AFE

Una locomotora con 13 vagones que llevaba combustible al interior del país quedó abandonada en Durazno luego de que se levantaran las vías para darle paso al nuevo proyecto del Ferrocarril Central.

La situación generó malestar en el nuevo directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) que evalúa por estas horas realizar una denuncia civil por daños y perjuicios contra la anterior administración.

Se trata de una locomotora que es gestionada por SELF S.A (Servicio Logístico Ferroviario) que pertenece a AFE (51%) y a la Corporación Nacional para el Desarrollo (49%) que abastecía de combustible a la planta de Ancap en Durazno.

Hace un año, cuando el gobierno autorizó el proyecto del Ferrocarril Central que será utilizado por UPM para trasladar celulosa desde Paso de los Toros a Montevideo, el Consorcio Vía Central notificó que levantaría las vías, sin embargo, nadie ordenó llevarse la formación.

La locomotora hoy está varada, según informó Santo y Seña y confirmó El País, dado que ya no hay vías que le permitan continuar con su trayecto de regreso a Montevideo.

Para el vicepresidente de AFE, Gustavo Osta, -quien propuso presentar una demanda civil por daños y perjuicios- “es muy evidente la omisión y negligencia” en el caso, dado que ya se había informado del levantamiento de las vías.

En su misma línea fue el diputado del Partido Nacional, Alfonso Lereté, que en la pasada administración de AFE fue el representante de la oposición en el directorio. Para el blanco, también “hubo omisión” en dejar la locomotora en plena vía. El legislador sostuvo que siguió el caso con mucha atención y que incluso las pasadas autoridades “mandataron a los gerentes” a no darle información.

Perjuicios al ente.

El tren hoy descansa en el interior de la planta de Ancap de Durazno, y allí podría seguir por lo menos durante dos años más dado que es el tiempo que se prevé en que terminen las obras de las vías férreas que pretende utilizar UPM para llevar su producción al puerto de Montevideo.

Sin embargo, las nuevas autoridades no están dispuestas a esperar tanto tiempo. Por eso, ya están haciendo gestiones para desarmar la locomotora en el mismo lugar en el que se encuentra. Hacerlo, podría costar entre US$ 20.000 y US$ 40.000, según estudios del nuevo directorio. Pero la preocupación también pasa por los costos que se puedan generar en fletes al tener que trasladar las piezas a Montevideo.

“Tenemos que ver de dónde sacar la plata, esto es un acto de negligencia, porque hay un gran principio de Derecho que dice que todo daño debe ser reparado”, señaló Osta a El País.

El Estado invirtió alrededor de US$ 1 millón en reacondicionar la locomotora que fue adquirida, en la década de los 90. Fue a través de un préstamo con CAF-Banco de Desarrollo de América Latina que también se utilizó para otras máquinas. La pasada administración fue la encargada de reacondicionar la misma y para ello, incluso contrató técnicos de Brasil que vinieron a ensamblar sus partes.

Antes de los trabajos del consorcio Vía Central, las locomotoras con vagones de Ancap abastecían tres veces por semana de combustible a las plantas en Durazno y en Treinta y Tres. La primera abastece de combustible a los departamentos de Durazno, Rivera, Tacuarembó, Flores y parte de Florida. La segunda, en cambio, distribuye combustible a estaciones de servicio de Treinta y Tres, Cerro Largo y parte de Lavalleja.

Obras para el Ferrocarril Central. Foto: Leonardo Mainé
Obras para el Ferrocarril Central. Foto: Leonardo Mainé

Reclamo de la Unión Ferroviaria.

La Unión Ferroviaria denunció la situación el año pasado. El secretario general del sindicato, Mariano Pouso, dijo a El País que el caso de la locomotora en Durazno “es muy simbólico” porque deja en evidencia “la pésima gestión” de la pasada administración.

Denuncian, por ejemplo, que la gerencia general gastó miles de dólares en pintar la locomotora con los colores amarillo y negro. En 2018 el sindicato de AFE, consideró “lamentables” todas las gestiones de los directorios de la empresa desde el regreso a la democracia, pero la del entonces presidente, Wilfredo Rodríguez, “ha colmado el vaso, es la frutilla de la torta”. Se trata de “la peor gestión en la historia del ferrocarril se ha desarrollado en los tres o cuatro años de su gestión”, según dijo el presidente del gremio, Carlos Aramendi, en la comisión de Transporte de la Cámara de Representantes. El año pasado incluso desde el sindicato de Ancap se cuestionó que el proyecto de vías férreas que usaría UPM no contemplara el transporte de carga de combustible.

Osta: “Si hay brujas se van a cazar”

A iniciativa del vicepresidente de AFE, Gustavo Osta, el organismo realizará una auditoría general de la gestión, que en principio comprenderá los últimos cinco años. El director presentó la iniciativa el 15 de julio y la misma fue aprobada por unanimidad. Osta dijo a El País que “las auditorías son un instrumento de gestión que nos permiten ver cómo tomamos la empresa”. Consideró que con la auditoría no se pretende realizar “una caza de brujas, pero, si hay brujas se van a cazar”, apuntó. El nuevo gobierno plantea auditorías en varios organismos e instituciones. En la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), por ejemplo, el nuevo directorio se plantea investigar la gestión de las pasadas autoridades. Es que allí hay varias denuncias por irregularidades en la gestión de hospitales públicos. También se están realizando auditorías en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Allí los auditores encontraron una fuga de casi $ 10 millones por el impago de alquileres de refugios que debían efectuar las ONG, más de 28 inmuebles con escasos controles en el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis).

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