Sindicato cuestiona el uso de penas alternativas

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El informe elaborado por el sindicato de trabajadores de la Colonia Berro, que en los próximos días será presentado ante las autoridades del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), señala como uno de los factores perjudiciales para los hogares, el hecho de que desde el Poder Judicial se opte en forma masiva por disponer la privación de libertad de los menores sin tener en cuenta la posibilidad de hacer uso de otros mecanismos como la detención domiciliaria.

Además, el informe cuestiona que los magistrados que intervienen en los casos ordenen a qué centros deben ser derivados los menores, lo que generan una importante saturación, por ejemplo, de las instalaciones de los hogares Ser, Piedras e Ituzaingó. "El caos es grande; no hay planificación ni proyecto", dijo la presidenta de la Mesa Intersindical de los trabajadores de la Colonia Berro, Claudia Montenegro.

Por su parte, el fiscal de Menores Gustavo Zubía, dijo que los operadores del sistema judicial, tanto representantes del Ministerio Público como los jueces, cuentan preparación jurídica para aplicar las normas y códigos vigentes "y somos quienes en cualquier parte del mundo mejor podemos establecer cuáles son las medidas a establecer a los infractores", expresó Zubía al ser consultado por El País. "La persona más capacitada en cualquier sistema democrático para imponer medidas de internación son los jueces, y eso pasa en países del primer, segundo y tercer mundo", agregó el fiscal.

Por tal motivo, Zubía consideró que "no parece atinado que personas que no pertenecen a la profesión de abogado ni tienen especialización en la judicatura hagan apreciaciones sobre la duración y la característica de la pena que se le impone a una persona, porque la mayor garantía es que eso se establezca en un proceso judicial, con un juez, un fiscal y un defensor".

Por otro lado, el fiscal señaló que la problemática relativa a los hogares de internación de menores infractores no se solucionará porque los jueces apliquen en mayor cantidad las penas sustitutivas a la privación de libertad.

"Hay un alto número de infractores que están llegando a las sedes judiciales, y si bien se procura que la internación sea la última de las medidas, debido a la gravedad de las conductas y la gran cantidad de casos a estudio, muchas veces no hay otra opción", explicó.

En tal sentido, Zubía dijo que además la gravedad de las conductas que se analizan en los juzgados, también se toma en cuenta la falta de contención de familiar en los menores infractores porque "si ese chico queda nuevamente en la calle va a volver a delinquir, porque hay una importante disgregación familiar", razonó el fiscal.

Según el Observatorio del Sistema Judicial del Movimiento Nacional Gustavo Volpe, desde la vigencia del Código de la Niñez y de la Adolescencia que se encuentra vigente desde 2005, el 67% de las detenciones de menores de parte de la Policía son injustificadas. De acuerdo con un estudio elaborado por la organización, la actitudes sospechosas o la apariencias es el principal argumento de los efectivos policiales para proceder a la detención de niños y adolescentes. Apenas el 25,2% de los procedimientos tiene lugar por infraganti delito, mientras que el 7% se realiza por orden judicial.