CONFLICTO EN EL SUPERGÁS

La planta está funcionando con el 36% del mínimo de funcionarios requeridos para operar, según el sindicato.

Desde las 10 de la mañana el portón de la planta de Megal se encuentra trancado por trabajadores de la empresa, que denuncian despidos a sindicalistas y riesgos operativos, debido a que en el lugar solo se encuentra el 36% de los trabajadores necesarios para mantener operativa la planta, sostienen. La protesta cuenta con el apoyo de Fuecys, el Sindicato de Trabajadores Supergás (SUTS), la Federación Ancap y el Sunca, entre otros.

Todo comenzó en diciembre, cuando la empresa informó que 22 trabajadores iban a ser enviados al seguro de desempleo, el 97% de ellos pertenecientes al sindicato. Mariángeles Hernández, delegada del sindicato y una de las personas enviadas al seguro de desempleo, dijo a El País que en ese momento se llevó a cabo una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, en la que se firmó un acuerdo para rotar a los trabajadores en el seguro.

"La directiva de la empresa no estuvo en la planta entre diciembre y enero, por lo tanto el 30 de enero se los cita a (reunión) tripartita, para ver cómo siguen implementando la rotación. Ahí nos dicen que no van a rotar personal, que iban a incumpir el acuerdo", señaló.

En ese momento se tomaron las primeras medidas por parte del sindicato. Luego, "ayer nos empezamos a enterar por usuarios del BPS que la mayoría pasamos a estar despedidos, entre ellos cuatro delegados. Incluso a gente que no estaba en seguro de paro y es delegado, los despidieron", señaló Hernández. En total, 18 de los 22 que estaban seguro de desempleo fueron despedidos, mientras que los otros cuatro, no estaban sindicalizados, volvieron a trabajar.

Según la delegada sindical, "el incumplimiento del acuerdo afecta a Megal en este caso, pero pierde peso toda la negociación sindical si en pleno Consejo de Salarios una empresa como Megal, con un 14% del mercado, desconoce al Ministerio y los acuerdos colectivos, es un antecedente espantoso".

"En la rama esto está generando un precedente horrible, y a nivel genérico de toda la negociación colectiva. Por eso se citó a gente de todos los sindicatos, porque al atropellar de esta manera al sindicato, están atropellando a todos los sindicatos", afirmó, y señaló que se puede producir un paro de todo el rubro si no hay una solución al conflicto.

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Mariángeles Hernández dijo a El País que "al haber gente en seguro de desempleo, más un montón de compañeros sindicalizados que están afuera, se está operando la planta con 10 personas, cuando el mínimo es de 28". Esto genera, según la sindicalista, que "la mitad de los controles no se ejerzan". 

Hernández sostuvo que desde el 30 de enero se ha llamado a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) para que realice una inspección pero "nadie ha venido, nos contestan con burocracia y nos dicen que hay que mandar un mail solicitando la inspección".

La delegada sindical entiende que con la ausencia de una inspección estatal, "el gobierno está respaldando o mirando para otro lado".