CONFLICTO 

El intento de presupuestar a un grupo de 857 funcionarios contratados de Antel quedó por el camino. La idea ya le costó el puesto al presidente de la empresa, Guillermo Iglesias y a la secretaria general, Lía Terra. Además, se aguarda que el gerente general, Emilio Emicuri, sea removido por el futuro directorio.

Por otro lado, ayer se conoció la renuncia al directorio de Gustavo Delgado, representante del Partido Nacional en la anterior administración. Hasta ayer se suponía que ocuparía la dirección de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec), aunque la designación todavía no fue confirmada de manera oficial.

En la tarde el presidente Luis Lacalle Pou se reunió con el ministro de Industria, Omar Paganini. No trascendieron los detalles de la conversación. De todos modos, ayer diversas fuentes políticas apuntaron a Paganini por la inclusión de Iglesias en la dirección de la empresa.

Paganini, un académico reconocido, ingeniero electricista, tiene un máster en Dirección de Empresas y se formó en Emprendedurismo en las universidades de Stanford y Berkeley, y en Negociación por el programa Global PON de la Universidad de Harvard.

Fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica y no cuenta con caudal político partidario.

Desde que tomó contacto con la noticia, Lacalle Pou se ocupó de manejar personalmente toda la situación. Él mismo llamó a Paganini y más tarde al presidente saliente. Con ambos habló unos minutos. A Iglesias le comunicó el despido y a Paganini lo citó al despacho.

Ahora está terminando de resolver quién será el nuevo presidente de la empresa, según coincidieron los informantes consultados. No hubo información de tipo oficial.

Todas las fuentes consultadas señalaron que el presidente designará a alguien de su confianza personal como futuro presidente del organismo. Además, se sabe que se buscará apurar las venias del nuevo presidente y los otros miembros del directorio, entre ellos el colorado Robert Bouvier.

La polémica decisión del directorio es del 7 de mayo y lleva las firmas de Iglesias, Terra y del gerente de recursos humanos Mario Piaggio. Se viralizó el martes y tenía como fecha de vigencia el 1° de mayo, aunque se venía negociando desde la administración anterior. Ese es el punto que genera más tensión. De hecho, se mencionan los “vínculos estrechos” entre el cuerpo de gerentes de Antel y el sindicato de la compañía.

En la resolución presidencial se maneja que en el decreto 90/020 del 11 de marzo de 2020, se exhortó a los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución, a los entes autónomos y a las intendencias a adoptar medidas “a fin de coadyuvar con el objetivo (...) de disminuir el déficit fiscal”.

La situación de elevado déficit fiscal, así como “la presión tributaria que pesa sobre la población (...) compromete las bases de crecimiento de largo plazo, generando distorsiones que imponen la necesidad de implementar políticas destinadas a racionalizar el gasto público”.

El 17 de mayo El País publicó una entrevista a Iglesias en la se comprometía a bajar un 15% los gastos en funcionamiento como pretende el Poder Ejecutivo.

“Haremos todos los esfuerzos necesarios. Nuestra idea es cumplir al máximo con las propuestas de OPP al respecto de que las proyecciones de ingreso sean razonables, realistas y obviamente lograr eficiencias y ajustes de cinturón que también sean viables para soportar las operaciones”, dijo.

El diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust, docente grado 4 de la Facultad de Derecho de la Udelar, opinó ayer en Twitter que la revocación de la presupuestación de los 857 funcionarios de Antel no tendrá costos para el Estado.

“La decisión de revocar los nombramientos en Antel es conforme al art. 197 de la Constitución y no genera derechos a los funcionarios pues los actos de los Directorios están sujetos al control del Poder Ejecutivo y hasta el mismo no son actos firmes”, escribió el legislador.

De todos modos, los trabajadores afectados tienen pensado apuntar las baterías hacia el Poder Judicial y reclamar la presupuestación o los eventuales daños ocasionados ante juzgados de la Justicia administrativa.

Gabriel Molina, presidente del sindicato de Antel (Sutel) dijo sentirse “preocupado” y “enojado” por la marcha atrás en las 857 presupuestaciones y la caída del presidente de la empresa al que defendió con énfasis.

Hasta el momento Sutel se ocupó de avisar a los afiliados que no quedarían sin trabajo ya que permanecerán en el régimen de contratación actual. “Nadie queda sin laburo y esto no le iba a costar nada a Antel”, afirmó Molina.

“El Poder Ejecutivo exhortó al directorio de Antel a cambiar la resolución. ¿Quién la va a cambiar si no hay directorio?”, se preguntó el dirigente sobre el final de la tarde de ayer.

Por otro lado, Molina señaló que “muchos compañeros” que ya fueron notificados de su presupuestación “ya presentaron toda la documentación”. Esto significa, en términos jurídicos, que de esa forma “habrá cientos de juicios”, advirtió Molina.

El dirigente sindical defendió al presidente destituido. “Estoy muy enojado por la forma en la que se lo destituyó. Es un muchacho buenísimo, hace 26 años que está en la empresa, estaba muy ilusionado”, dijo Molina a El País.

Consultado sobre eventuales movilizaciones, el presidente de Sutel consignó que hoy hay una reunión de la dirección y el 28 de mayo se producirá un congreso nacional de delegados para analizar la situación. “Algo estamos preparando”, afirmó.

El senador del Frente Amplio Charles Carrera opinó del caso en nombre de la oposición. “Lamentablemente estamos viendo un gobierno bastante caótico. No puede ser que una administración que recién empieza y que le votamos la venia de forma urgente tenga hoy a Antel sin directorio”, dijo.

Además, dijo que “hay una lógica del Poder Ejecutivo de desprecio a los funcionarios públicos (...) Hoy tenemos una empresa con el 85% del país con fibra óptica y tenemos que seguir preservando a esa empresa pública. Hay gente que aplaude esto, nosotros no podemos aplaudir porque si existían funcionarios con derecho a presupuestarse se tienen que presupuestar. Es un juicio para el Estado. Esto demuestra lo caótico que está siendo este gobierno”, destacó el senador.

La expresidenta de Antel y actual senadora Carolina Cosse no ha hecho comentarios sobre la salida del ahora expresidente, Guillermo Iglesias.

Jerarcas de Antel

Un cambio que afectó el tablero

La caída del presidente de Antel, Guillermo Iglesias, dejó a la vista la confianza que tuvo el Frente Amplio hacia un grupo de gerentes de la empresa que fueron ratificados o ascendidos tras el resultado electoral por el nuevo gobierno.

En el año 2015 el actual gerente general de la compañía, Emilio Emicuri, quedó en el medio de una batalla interna del Frente Amplio entre el Frente Líber Seregni y el Movimiento de Participación Popular.

El entonces ministro de Economía, Danilo Astori, no aceptaba a Emicuri. Tenía varios argumentos para opinar de esa forma, uno de ellos porque el jerarca había liderado todo el proceso de construcción del Antel Arena, el otro es que decía a quien lo quisiera escuchar que era blanco.

En tanto, la expresidenta de Antel, Carolina Cosse, entonces ministra de Industria, lo defendió. La pulseada se definió en la Torre Ejecutiva y ganó Cosse. Después apareció Iglesias en la presidencia de la compañía y Emicuri fue sostenido en el cargo, según confirmaron fuentes políticas y de la empresa.

Por otro lado, Iglesias nombró a Lía Terra al frente de la secretaría general de la estatal. Se trata de una profesional de amplia trayectoria en Antel. Próxima a jubilarse, quedó fuera de un cargo que creó el Frente Amplio y que no requiere de venia para ser ocupado. Su nombre aparece en la resolución que presupuestó a los 857 funcionarios de Antel.

Mientras tanto, ayer se conoció la renuncia de Gustavo Delgado, representante blanco en el directorio durante el anterior gobierno. Fuentes políticas dijeron ayer a El País que ocupará la presidencia de la Ursec.

El directorio de UTE aprobó en las sesiones del 30 de abril y el 7 de mayo, el mismo día que las autoridades de Antel decidieron presupuestar a 857 trabajadores que se desempeñaban bajo contratos en la empresa de telecomunicaciones, llamados para contratar decenas de funcionarios desde profesionales hasta becarios.

En la sesión de directorio de hoy las autoridades de UTE considerarán y se preparan para aprobar 11 nuevos llamados, revelaron a El País fuentes al tanto de las decisiones.

Todas las resoluciones llevan las firmas de la novel presidenta de la eléctrica, la ingeniera Silvia Emaldi, y del secretario general, doctor Jorge Fachola.

Entre los cargos que la empresa quiere llenar se encuentran 11 licenciados en Trabajo Social para desempeñarse en las localidades de Montevideo, Maldonado, Melo, Canelones y Mercedes. También se pretende contratar cuatro contadores públicos para las dependencias montevideanas; tres escribanos públicos para la gerencia de Asesoría Legal y Notarial de Montevideo y un ingeniero químico para desempeñarse en la gerencia de Generación Térmica en Punta del Tigre.

En los llamados, que fueron comunicados a la Oficina Nacional de Servicio Civil, también se encuentran ocho egresados o estudiantes avanzados de perfiles en Computación, Informática o Sistemas para prestar tareas en la gerencia de Tecnología de la información y Comunicación.

UTE no solo precisa profesionales, también planea contratar 20 becarios para atención comercial en la gerencia de Gestión de Clientes y cuatro torreros para sistemas de transmisión.