Sin consecuencias en caso Gallo

La comisión de Asuntos Internos de la Cámara de Representantes zanjó el diferendo sobre los legisladores que cobran sueldo por dos cargos del Estado proponiendo que, a partir de la próxima Legislatura, a quienes ingresen a las Cámaras se le haga firmar una declaración jurada que, en caso de ser violada, implique responsabilidad penal.

Esta decisión pone fin a la polémica desatada en Diputados por el desempeño que le cupo al médico del Hospital de Canelones, Luis Gallo Cantera, en cuatro años cumpliendo funciones legislativas como suplente del diputado frenteamplista Luis Gallo Imperiale, que es su padre. En ese lapso percibió remuneraciones en ambas dependencias estatales.

La comisión de Asuntos Internos analizó ayer el problema y concluyó que seria procedente reglamentar las convocatorias de los representantes nacionales. Por ello, propuso al plenario —que lo deberá votar— que a partir de febrero del año que viene, cuando ingrese un diputado, ya sea como titular o como suplente al ser convocado, deberá firmar una declaración jurada sujeta a las consecuencias en el Art. 239 del Código Penal.