SERPAJ presenta su informe sobre los Derechos Humanos en el Uruguay

Montevideo - El Servicio Paz y Justicia de Uruguay invitó hoy a "toda la sociedad" para que "exija" a las autoridades conocer el destino de los uruguayos detenidos-desaparecidos durante el último régimen militar.

"Lograr una aclaración y conocer el destino de los desaparecidos es un reto para toda la sociedad uruguaya", afirmó el historiador Gerardo Caetano al presentar hoy el informe "Derechos Humanos en el Uruguay: 2004" , en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

Según un estudio realizado por la Comisión para la Paz y divulgado en abril de 2003, 26 uruguayos murieron en el país por torturas durante el régimen "de facto" y sus restos fueron sepultados o incinerados y arrojados al mar.

Otros 128 uruguayos fueron detenidos-desaparecidos en Argentina, siete en Chile, dos en Paraguay y uno en Bolivia durante los operativos combinados de represión que realizaron los gobiernos militares de la época.

"En Uruguay los derechos humanos deben ser la brújula del camino, y es necesario dejar actuar a la justicia como lo ha hecho en la región y en el mundo para castigar a los responsables de las violaciones", agregó Caetano. El historiador dijo que el Ejército uruguayo "es el único de América Latina que no ha admitido institucionalmente las violaciones a los derechos humanos", y "cuando algún militar retirado lo hizo a título personal enfrenta tribunales de honor y el desprecio de sus camaradas", señaló.

"En Uruguay, en aras de la paz, se dejó de lado la justicia", afirmó en referencia a la recuperación de la democracia pactada en 1984 entre militares y políticos y la posterior ley de caducidad que puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías presuntamente involucrados en violaciones a los derechos humanos.

A la tradicional defensa de los derechos civiles y políticos que realiza el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) en sus informes anuales, este año le dedica más énfasis a los derechos económicos, sociales y culturales.

En la actualidad existen en Uruguay casi 42.000 puestos de trabajo menos y 25.000 desocupados más que cuando asumió el gobierno de Jorge Batlle (Partido Colorado) en marzo de 2000, destaca el informe.

Como forma de revertir la situación SERPAJ recomienda ejecutar políticas activas de empleo y apostar a un país productivo con mayores niveles de calificación.

El 32 por ciento de los 3,3 millones de habitantes del Uruguay está por debajo de la línea de pobreza y hay 75.000 indigentes, afirmó Fernando Willat, integrante de la comisión de derechos económicos, sociales y culturales de SERPAJ.

"La tasa de mortalidad infantil creció en Uruguay del 13,6 por mil nacidos vivos en 2002 al 15 por mil en 2003, lo que está directamente relacionado con la pobreza y la falta de una alimentación adecuada", agregó.

"Uruguay necesita una política alimentaria nutricional dentro de un plan de desarrollo social que atienda con urgencia a los más necesitados", destacó Willat.

En el tema de la vivienda, en los últimos años el país presentó un "crecimiento explosivo" de los asentamientos irregulares, con un aumento cercano al 10 por ciento acumulativo.

Las familias de bajos recursos que viven en esas zonas suelen tener varios hijos "con múltiples carencias para acceder a la educación, los cuidados médicos y servicios básicos", agregó.

Willat destacó la expectación que existe a nivel popular de que el primer gobierno de izquierda cumpla sus anuncios e impulse un plan de emergencia social destinado a los pobres.

Delegados de la organización realizaron visitas a varias cárceles uruguayas, que alojan el número récord de 7.149 reclusos, un cincuenta por ciento más de la capacidad normal, y denuncian en el informe "flagrantes violaciones a los derechos humanos". "Esas violaciones abarcan desde hacinamiento, enfermedades y falta de programas de recuperación hasta carencia de alimentación", dijo Guillermo Payssé, miembro de la comisión de derechos civiles y políticos de SERPAJ.

La organización hizo referencia, además, a lo que calificó como "crisis policial" que se refleja en "maltratos físicos en comisarias y sonados casos públicos".

El pasado mes un policía uruguayo, aparentemente en medio de un ataque de locura, mató de varios disparos a un joven e hirió a otros, todos residentes en el complejo de apartamentos Euskalerría que debía vigilar, tras una discusión generada porque se negaron a culminar los festejos de un cumpleaños.

EFE